I ya no existen cotizaciones

Las 7 Limitaciones del Web Scraping que Debe Conocer

2020.10.30 05:30 melisaxinyue Las 7 Limitaciones del Web Scraping que Debe Conocer

Sin duda alguna, el web scraping tiene ventajas. Es rápido, rentable y puede recopilar datos de sitios web con una precisión de más del 90%. Le libera de copiar y pegar en documentos de diseño desordenado. Sin embargo, es posible que algo haya sido ignorado. Existen algunas limitaciones e incluso riesgos que se esconden detrás del web scraping.

Haga clic para leer:

¿Qué es el web scraping y para qué se utiliza?
¿Cuál es la mejor forma de extraer datos web?
¿Cuáles son las limitaciones de las herramientas de web scraping?
Para terminar

¿Qué es el web scraping y para qué se utiliza?

Para aquellos que no están familiarizados con el web scraping, permítanme explicarles. El web scraping es una técnica que se utiliza para extraer información de sitios web a gran velocidad. Puede acceder a los datos extraídos y guardados en el local en cualquier momento. El web scraping funciona como uno de los primeros pasos en el análisis de datos, visualización de datos y minería de datos, ya que recopila datos de muchas fuentes. Preparar los datos es un requisito previo para la visualización o análisis en el futuro. Eso es obvio. ¿Cómo podemos empezar a hacer web scraping?

¿Cuál es la mejor forma de extraer datosde la web?

Existen algunas técnicas comunes para extraer datos de las páginas web, que vienen con algunas limitaciones. Puede crear su propio rastreador utilizando lenguajes de programación, subcontratar sus proyectos de raspado web o utilizar una herramienta de raspado web. Sin un contexto específico, no existe "la mejor manera de hacer web scraping". Piense en su conocimiento básico de codificación, su tiempo disponible y su presupuesto financiero, tendrá su propia elección.
> Por ejemplo, si es un codificador experimentado y confía en sus habilidades de codificación, claro que puede extraer datos usted mismo. Pero como cada sitio web necesita un rastreador, tendrá que crear varios rastreadores para diferentes sitios. Esto le puede gastar mucho tiempo. Y debe estar equipado con suficientes conocimientos de programación para el mantenimiento de los rastreadores. Piénselo.
> Si es dueño de una empresa con un gran presupuesto que desea obtener datos precisos, la historia sería diferente. Olvídese de la programación, simplemente contrata a un grupo de ingenieros o subcontrata tu proyecto a profesionales.
> Hablando de subcontratación, puede encontrar algunos freelancers en línea que ofrecen estos servicios de recolección de datos. El precio unitario parece bastante asequible. Sin embargo, si calcula cuidadosamente con la cantidad de sitios y la cantidad de artículos que planea obtener, el gasto total puede crecer exponencialmente. Las estadísticas muestran que para extraer información de 6000 productos de Amazon, las cotizaciones de las empresas de web scraping tienen un promedio de 250 dólares para la configuración inicial y 177 dólares para el mantenimiento mensual.
> Si es propietario de una pequeña empresa o simplemente necesita datos sin conocimientos de codificación, la mejor opción es elegir una herramienta de raspado adecuada que se adapte a sus necesidades. Como referencia, puede consultar esta lista de Los 30 Mejores Software Gratuitos de Web Scraping.
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¿Cuáles son las limitaciones de las herramientas de web scraping?

1. Curva de aprendizaje

Incluso la herramienta de raspado más fácil requiere tiempo para dominarla. Algunas herramientas, como Apify, aún requieren conocimientos de codificación para usarla. Algunas herramientas que no son fáciles de manejar pueden tardar semanas en aprender. Para raspar sitios web con éxito, es necesario tener conocimientos sobre XPath, HTML, AJAX. Hasta ahora, la forma más fácil de raspar sitios web es utilizar plantillas de raspado web prediseñadas para extraer datos con unos clics.

2. La estructura de los sitios web cambia con frecuencia

Los datos extraídos se organizan de acuerdo con la estructura del sitio web. A veces, vuelve a visitar un sitio y encontrará que el diseño ha cambiado. Algunos diseñadores actualizan constantemente los sitios web para mejorar la interfaz de usuario, algunos pueden hacerlo con el fin de anti-scraping. El cambio puede ser pequeño como un cambio de posición de un botón o puede ser un cambio drástico del diseño general de la página. Incluso un cambio menor puede estropear sus datos. Como los rastreadores se construyen de acuerdo con el sitio anterior, debe ajustar sus rastreadores cada pocas semanas para obtener los datos correctos.

3. No es fácil manejar sitios web complejos.

Aquí viene otro complicado desafío técnico. Si observa el raspado web en general, el 50% de los sitios web son fáciles de scraspear, el 30% son moderados y el último 20% es bastante difícil de hacer web scraping. Algunas herramientas de raspado están diseñadas para extraer datos de sitios web simples que aplican navegación numerada. Sin embargo, hoy en día, más sitios web están comenzando a incluir elementos dinámicos como AJAX. Los sitios grandes como Twitter aplican un desplazamiento infinito y algunos sitios web necesitan que los usuarios hagan clic en el botón "cargar más" para seguir cargando el contenido. En este caso, los usuarios requieren una herramienta de raspado más funcional.

4. Extraer datos a gran escala es mucho más difícil

Algunas herramientas no pueden extraer millones de registros, ya que solo pueden manejar un raspado a pequeña escala. Esto causa dolores de cabeza a los propietarios de negocios de comercio electrónico que necesitan millones de líneas de datos regulares directamente en su base de datos. Los raspadores basados en la nube como Octoparse y Web Scraper funcionan bien en términos de extracción de datos a gran escala. Las tareas se ejecutan en varios servidores en la nube. Obtiene una velocidad rápida y un espacio gigantesco para la retención de datos.

5. Una herramienta de web scraping no es omnipotente

¿Qué tipo de datos se pueden extraer? Principalmente, los textos y URLs.
Las herramientas avanzadas pueden extraer textos del código fuente (HTML interno y externo) y usar expresiones regulares para reformatearlo. En el caso de las imágenes, solo se pueden extraer sus URLs y convertirlas en imágenes más tarde. Si tiene curiosidad sobre cómo extraer URL de imágenes y descargarlas en masa, puede echar un vistazo a Cómo construir un rastreador de imágenes sin codificación.
Además, es importante tener en cuenta que la mayoría de los raspadores web no pueden rastrear archivos PDF, ya que analizan elementos HTML para extraer los datos. Para extraer datos de archivos PDF, necesita otras herramientas como Smallpdf y PDFelements.

6. Su IP puede ser prohibida por el sitio web de destino.

Captcha molesta. ¿Alguna vez se le ocurre que necesita superar un captcha al raspar de un sitio web? Tenga cuidado, eso podría ser una señal de detección de IP. Raspar un sitio web genera mucho tráfico, lo que puede sobrecargar un servidor web y causar pérdidas económicas al propietario del sitio. Para evitar bloquearse, existen muchos trucos. Por ejemplo, puede configurar su herramienta para simular el comportamiento de navegación normal de un humano.

7. Incluso hay algunos problemas legales involucrados

¿Es legal el web scraping? Es posible que un simple "sí" o "no" no cubra todo el tema. Digamos que ... depende. Si está extrayendo datos públicos para usos académicos, debe estar bien. Pero si extrae información privada de sitios que indican claramente que no se permite el scraping automático, puede meterse en problemas. LinkedIn y Facebook se encuentran entre los que afirman claramente que "no damos la bienvenida a los scrapers aquí" en su archivo robots.txt / términos y servicio (ToS). Cuide sus actos mientras hace web scraping.

Para terminar

En pocas palabras, existen muchas limitaciones en el web scraping. Si desea obtener datos de sitios web difíciles de extraer, como Amazon, Facebook e Instagram, puede recurrir a una empresa de datos como servicio como Octoparse. Este es el método más conveniente para extraer sitios web que aplican fuertes técnicas anti-raspado. Un proveedor de DaaS ofrece un servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades. A través de proporcionarle los datos, lo libera del estrés de construir y mantener sus rastreadores. No importa en qué industria se encuentre, comercio electrónico, redes sociales, periodismo, finanzas o consultoría, si necesita datos, no dude en contactarnos.
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2020.07.01 13:16 Jose_Mar Siguen preparando del desmantelamiento del Sistema Público de Pensiones para favorecer a empresas y Banca. De forma sibilina y a puerta cerrada las cuatro Derechas, Pp, Vox,ciudadanos y Ppsoe se ponen de acuerdo para empezar la demolición.

La juventud ya se puede ir despidiendo de un trabajo digno en la Industria, el empeoramiento de las prejubilaciones evitará que las empresas rejuvenezcan las plantillas. Salvo que lo que se busque sea simplemente el despido de los trabajadores mayores para que así pierdan su derecho a una pensión digna por el que han pagado décadas y contratar a los jóvenes en condiciones de una vergonzosa semiesclavitud como ocurre en el tercer mundo. Esto es lo que ha hecho la Derecha en los últimos años vía Reforma Laboral
https://www.publico.es/politica/pacto-toledo-congreso-resucita-reforma-pensiones-vista-puesta-consecuencias-covid-19.html
Situar al frente del Ministerio de Seguridad Social a un individuo que fue economista jefe del grupo BBVA, es toda una declaración de intenciones, poner al zorro al cuidado de las gallinas. Su paso por la Airef ya nos dio una idea de su línea de pensamiento económico sobre las finanzas públicas: ultraliberalismo puro y duro, la escuela de Milton Friedman.
En vez de buscar la consolidación y mejora de las finanzas públicas en base a una fiscalidad justa en la que paguen más los que más tienen y en la persecución del fraude fiscal y laboral, que sería lo esperable de quien se define como “socialista y obrero”y siguiendo el pensamiento de Keynes y el New Deal, este tipo solo busca cargar sobre trabajadores y pensionistas el peso de las finanzas públicas, recortando primero el Estado del Bienestar para no crear alarma en la población (el covid es la gran excusa) para finalmente desmantelar todos los sistemas de protección pública y privatizar las Pensiones.
En países donde no existen los Sistemas de protección pública ya sabemos como acaban los fondos de pensiones privatizados que gestionan las empresas, en el bolsillo de los espabilados y los pensionistas sin un duro. En España ya hemos visto lo ocurrido con las Preferentes... y esto es solo la punta del iceberg del Gran Latrocinio que se prepara, 12 millones de trabajadores llevamos toda nuestra vida laboral pagando impuestos, tasas y cotizaciones... todo ello se va a evaporar para beneficio exclusivo de la Banca.
Debería habernos preocupado el acercamiento público a PP y ciudadanos, el secreto siempre existió más allá de las teatrales peloteras cara a la galería. Han engañado al país, bajo cuerda han seguido planificando la desaparición del Sistema Público de Bienestar y redistribución de riqueza, especialmente las PENSIONES. Están alejándose de la mayoría política que les dio el gobierno y entrando de lleno el terreno de la Derecha reaccionaria, corrupta y responsable de la anterior crisis económica, del empobrecimiento y precarización de trabajadores y pensionistas y de los recortes en Sanidad que tantas víctimas han causado, especialmente por el covid, aunque no solo por este virus.
Unidas Podemos ha caído en el engaño, ya lo hicieron con el trágala de 2016 que Podemos se negó a firmar. Ahora han sido más sibilinos y traicioneros y el Covid les ha dado la excusa perfecta.
Unidas Podemos todavía está a tiempo de parar la infamia que supone el Pacto de Toledo y la trampa que supone la autofinanciación del sistema. IU ya lo rechazó en su día. La privatización del Sistema Público de Pensiones puede ser el mayor latrocinio de la Historia.
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2020.02.19 18:22 abolista Qué derechos tengo al momento de decidir y contratar una obra social o una prepaga y cómo me cubro ante posibles cambios inesperados?

Hola gente! Primera vez que tengo una gran duda legal que no se si es tan importante como para ir directamente a un abogado.
Resulta que mi esposa y yo somos monotributistas (solamente) y hace unos 14 meses que tenemos a OSDE 210 como plan de obra social. Uno de nosotros cumplió años hace un par de meses y desde Diciembre se nos duplicó literalmente lo que veníamos pagando de bolsillo porque cambió el rango etario y se sumó el aumento del 12% que autorizó la superintendencia de salud ese mes.
Somos del interior de Santa Fe. Acá no existen las clínicas propias de OSDE ni nada que haga que OSDE sea mucho más buena que las demás. Nos parece carísimo lo que nos están cobrando y quisiéramos cambiar a otra. Estamos evaluando los planes sin copagos de Prevención Salud, Sancor Salud y Swiss Medical que es lo que tiene más presencia y cobertura en la zona.
La cuestión es que entre esas opciones Prevención Salud nos cotizó 2/3 de lo que pagamos por OSDE y Sancor Salud nos cotizó el 1/3 de lo que pagamos actualmente en OSDE. Las diferencias entre planes de estas obras sociales son mínimas a las de OSDE. Cambian topes de reintegros y la cantidad de sesiones de psicología y nutrición cubiertas al 100% nomás. Prácticamente nunca usamos reintegros.
Obviamente nos estamos inclinando fuertemente por Sancor Salud por el precio, PERO hay cosas que no nos cierran. La gente de ventas nos desestima las dudas que tenemos y esto no nos da ninguna seguridad ni confianza.
Ej: Yo les digo "Este detalle del plan dice que lo que es nutrición es con tope de reintegro y con límite de 12 consultas anuales. Cuales exactamente son los topes de reintegro y en qué casos aplica?" y la respuesta que medan es "Y... Eso es algo interno, nosotros no lo tenemos detallado, pero vos quedate tranquilo que esas cosas se cubren todas. Sino siempre se hace auditoría médica con historia clínica y quedate tranquilo que se aprueba en la mayoría de los casos."
Otra cosa importante es que la cotización que nos pasaron no dice en ningún lado del documento que el total final es por grupo familiar. Por la diferencia de precio que hay con OSDE bien podría ser el total final por individuo. Yo de todas formas le pregunté expresamente a la chica de ventas por WhatsApp (que es el medio por el cual me enviaron el PDF con las cotizaciones) si "Estas cotizaciones que me pasaste, son por persona o es el total por grupo familiar de los 2?" y su respuesta fue "Es grupo 2. Ya está aplicado el descuento del monotributo de ambos", dando a entender que es el precio final total del grupo familiar.
1) Qué derechos tengo yo a la hora de protegerme contra que me caguen? Tengo entendido que por la Ley de Defensa al Consumidor puedo pedir copia del contrato, pero estoy casi seguro que ahí no figuran los detalles específicos de coberturas ni los montos que me van a terminar cobrando y seguro dice "para ver el detalle contáctese con X". No quiero darle para adelante con Sancor Salud y después enterarme que es en realidad el doble lo que hay que pagar y tener que estar 12 meses clavado con ellos.
2) Pidiendo copia del contrato de adhesión del plan sería suficiente? Se pueden negar a entregar los detalles de todo?
3) Pidiendo una cotización que mencione expresamente el monto que nos van a cobrar a los 2 en total sería suficiente? En la cotización que nos pasaron dice "La presente cotización realizada en el día de la fecha queda expresamente sujeta a variaciones conforme las actualizaciones, aumentos o ajustes que pudiera autorizar la Superintendencia de servicios de Salud, o bien, por modificaciones/actualizaciones de datos personales, los cuales serán aplicados al mes que se indique."
4) Si la obra social nos cambia el costo del plan por haber cambiado de rango etario, debe avisar con algún tiempo de antelación? Podrían cambiar sus rangos etarios y precios de un día para el otro?
Desde ya agradezco cualquier ayuda o consejo que puedan darnos!
Edit: Le agregué resaltado a las partes importantes.
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2019.12.27 19:24 alforo_ Señores del dinero

Entre otras señaladas propuestas que han aparecido en escena en los últimos tiempos hay una que suena con fuerza. Dice la izquierda, que se deben poner límites a los señores del Ibex, porque parece ser que mandan mucho y no les ha elegido nadie. Esto último no es del todo cierto, porque elegidos si han sido, ya que son el resultado de las distintas componendas accionariales en las que no están presentes los accionistas minoritarios. Y eso de que mandan mucho no se puede decir abiertamente, porque se trata de guardar las apariencias en interés del Estado de Derecho, que concede solo a los partidos el derecho legal de gobernar, siempre que hayan obtenido mayoría o sean el resultado de esos arreglos poselectorales en los que la voluntad mayoritaria electoral se diluye. Posiblemente lo que se quiera decir es que deban aportar más dinero al fondo común, que dejen de mangonear y permitan gobernar a su aire a los políticos, porque esto de tener que pasar por las decisiones empresariales es una carga demasiado pesada para los ejercientes del poder oficial. También se podría entender de cara al electorado, ya en un lenguaje rondando lo subliminal, que lo que se pretende con la propuesta es que, al haber más dinero a repartir, toquen a más los desfavorecidos de turno.
Habría que matizar algunas cosas sobre semejantes ocurrencias. Es posible que lo que en realidad se pretenda sea lo de siempre, aquello de quitar el dinero a unos y dárselo a otros, pero adaptado a la época y con los requisitos que imponen los nuevos tiempos, pensando siempre en ganar clientela electoral. A esta actividad se ha acabado llamando hacer políticas sociales, concebidas para justificar el sueldo de los que gobiernan y con la pretensión de realizar esa justicia social que suena bien a los oídos del electorado. Probablemente hablen del Ibex en representación de la riqueza nacional, como que allí estuviera concentrado el capital del país. Aunque así pudiera entenderse de manera simbólica, no pasa de ser una pequeña fábula, puesto que el capital con el que cuenta pertenece en buena parte a fondos foráneos. Por lo que, para abordar el problema, además de los que dan la cara al frente de las empresas, habría que tener en cuenta a los verdaderos dueños del dinero del Ibex, y eso ya sería otra historia. De otro lado, si su valor se compara con una gran empresa que suene —por ejemplo, estos días ha salido a bolsa una que pisa fuerte— se queda por el camino. En definitiva, hablar del Ibex como representación del poder económico nacional solo sirve para andar por casa y de mala manera.
Sobre el asunto de que el empresariado deje de mandar es sencillamente un sueño. No se puede impedir que el que tiene la fuerza, que ya se sabe que es el que cuenta con el dinero, pese a quien pese, pretender que se abstenga de mandar es pura fantasía. Por tanto, resulta impensable que el capital se deje dominar de forma altruista, o sea, sin obtener beneficios a cambio, simplemente acogiéndose a utopías trasnochadas concebidas para ilusionar a los incautos de otras épocas. El asunto es claro, puesto que, no nos engañemos, el poder efectivo está en quienes disponen del medio —el dinero— que permite manipular, coaccionar y ejercer la violencia contra quien se oponga a sus intereses.
En cuanto a que aporten al fondo estatal más dinero, es una nueva ilusión, porque les queda poco para esos fines. Partamos de que no todos los que cotizan en el Ibex son ejemplos acertados de verdaderas empresas capitalistas, más bien habría que hablar solamente de unos pocos de esos 35, que no sería necesario citar porque saltan a la vista como empresas capitalistas de verdad a la vista de sus cotizaciones. Otras empresas están ahí una temporada, para que se conozca que existen, y a los seis meses salen de la tabla. De los que suelen quedar como fijos, si se señala a la banca, ya se ha visto que hasta puede quebrar algún banco y otros que no lo hacen acuden al dinero estatal para que les ayude a salir del trance. Teniendo en cuenta que les han aligerado de sus cosas rentables, como aquello de las hipotecas, la morosidad no desciende de manera efectiva y les han recortado los intereses a cobrar, el panorama no pinta bien, ni aun auxiliados por las comisiones y otros productos sacados de al manga llegan a fin de mes. Y si se habla de alguna empresa relacionada con la telefonía, lo de empresa capitalista parece ser de nombre. Primero, porque es incapaz de generar capital, tal vez pueda hablarse de que obtiene riqueza para repartir, no solo entre los accionista, sino entre sus seguidores; segundo, el pufo que tiene es monumental y, tercero, su tendencia histórica a la generosidad la desborda. Sobre ella planea, pese a internet, seguir dedicándose a un negocio que está en parte agotado y sujeto a una dura competencia, en el que escasea la capacidad para inventar algo realmente innovador. Así pues, la que en su tiempo fue vanguardia del Ibex, hoy languidece plácidamente a la espera de que algún fondo americano la compre a precio de saldo — y en eso está alguno—, aprovechando su cotización a precio de saldo. En el caso de las utilities en general, se las da mucho bombo, pero de crecimiento poca cosa y de dinero que aportan al fondo se lo sacan, haciendo de recaudadoras, a los usuarios.
Si se quiere tener en cuenta que los verdaderos dueños del negocio no son los que salen a escena, habría que poner el foco de atención en los fondos que controlan el Ibex. Y eso ya sería harina de otro costado. Capital patrio escaso, hasta el punto de que con poco dinero cualquier fondo americano o europeo que se lo propusiera podría comprar no solo el Ibex, sino la Bolsa entera por cuatro cuartos. De ahí que a todas luces, los considerados metafóricamente señores del dinero andan apurados de capital y poco pueden contribuir a la buena marcha del país. No obstante, cierto es eso otro de que mandan más que lo políticos. Claro que es probable que el motivo esté en que los políticos ocupan un puesto de mando provisional y los señores del Ibex lo hacen casi de manera vitalicia, y eso cuenta. Tal vez la izquierda, para intentar controlar a los que mandan y que paguen más para repartir entre todos, podría fijar la mirada —solamente la mirada— en las multinacionales que campean por esta tierra libremente sin pagar peajes.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=263916&titular=se%F1ores-del-dinero-
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2018.04.05 02:36 GreenbullMx 7 cosas que debes saber acerca de las inversiones en línea

Conoce siete cosas que vale la pena saber, incluso si nunca vas a comenzar una carrera como inversionista en línea. Aunque al terminar este artículo tu opinión puede cambiar.
Seguramente has escuchado que hoy en día hay personas que están haciendo dinero en línea y que las inversiones son parte de ello. Y probablemente has investigado un poco en internet para ver porqué se habla tanto de eso. Quizás encontraste un sistema que funciona para ti, o quizás te decepcionaste porque hay demasiada información y no sabes en cuál fuente confiar. Cualquiera que sea el caso, no puedes dejar de reconocer esta notable ventaja de los tiempos modernos – la oportunidad de crear ingresos en línea sin tener que salir del hogar.
  1. Es una realidad
La economía mundial ha evolucionado y se refleja especialmente en la naturaleza del dinero que estamos usando. Un enorme capital está viviendo una vida propia, donde miles de millones de transacciones son realizadas cada día en las bolsas de valores alrededor de todo el mundo. El dinero y el valor que se le da, están en un permanente estado de cambio.
Esas nuevas oportunidades se las debemos a varias plataformas basadas en la web que transmiten las cotizaciones de los activos a tiempo real las 24 horas del día, 7 días a la semana. Un buen ejemplo es Olymp Trade.
  1. Sí, tú puedes ser parte
El acceso a los mercados financieros no está limitado a unos. Sí, es cierto que una inversión más grande brinda más apalancamiento para tus ganancias, pero el hecho es que incluso con una pequeña cantidad de dinero, es posible comenzar una carrera como inversionista en línea.
En realidad, estamos hablando de tan solo 10 dólares de inversión inicial. Existen algunas plataformas de trading, donde exactamente ese monto es lo que necesitas para comenzar en los mercados financieros globales.
En el mundo de hoy, puedes beneficiarte con el movimiento del precio de las acciones de alguna importante compañía internacional, sin necesidad de poseer las acciones. Y no solo con las acciones: índices, commodities, divisas e incluso cripto activos - todo lo que se comercializa en las bolsas puede ser formar parte de tus operaciones en línea.
  1. Las inversiones en línea pueden ser una fuente de ingresos
De hecho, hay personas para quienes el trading se ha convertido en un estilo de vida y en su única fuente de ingresos. Sin embargo, esta no es una receta para todos, ya que requiere cierto tipo de mentalidad - como sucede con cualquier otra profesión.
El trading puede ser completamente compatible con el resto de las actividades que realizas durante el día, ya que ofrece mucha flexibilidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, se podría convertir en un atractivo agregado a tu salario mensual, por ejemplo.

  1. El éxito no es una cuestión de azar
Ten cuidado de no caer en una trampa con promesas de volverse millonario rápidamente que algunas compañías dudosas pueden hacer. Es poco profesional y simplemente no es verdad. Alcanzar un nivel de rentabilidad continuo con las inversiones en línea es el resultado de un constante aprendizaje y de mucha auto disciplina.
Por supuesto, el trading tiene su lado competitivo y divertido, no es como un aburrido curso de teoría económica. Pero está muy lejos de ese enfoque de acertar o perder, lo cual solo lo llevaría a una dolorosa pérdida de tus fondos.
  1. La clave es el aprendizaje
Dominar el arte de las inversiones en línea requiere de paciencia. Realizar un pronóstico correcto es una decisión entre 2 opciones (por ejemplo, "arriba" o "abajo" relativo a las dinámicas del precio de un activo), y técnicamente esto solo requiere de un toque en la pantalla. Sin embargo, la experiencia para hacerlo correctamente no va a simplemente aparecer en tu cabeza de la nada.
Aquellos que persiguen seriamente el mundo de las inversiones en línea, ponen todos sus esfuerzos y tiempo para estudiar diversos materiales educativos y ver webinarios con regularidad. Además, una plataforma de inversiones adecuada normalmente ofrece una base de datos de conocimientos en línea que servirán de guía a través de todos los pro y los contras de este negocio.

  1. Los riesgos también son parte de ellas
Cada participante que se aventura en los mercados financieros debe estar consciente que no importa las habilidades que haya desarrollado, perder dinero siempre será parte del proceso. Simplemente porque todos los pronósticos que hagas no pueden acertar el 100% de las veces. Incluso si la decisión de un inversor está respaldada con un profundo análisis del mercado, y con patrones gráficos y matemáticos muy conocidos, siempre habrán elementos de naturaleza impredecible.
¿Que puede hacer usted con respecto a esto? Primero que nada, aceptarlo. Segundo, decidir la técnica más cómoda para la administración del dinero y el monto que estás dispuesto a perder, en caso de que la tendencia trabaje en tu contra. Y tercero - haz un estudio cuidadoso de lo que la plataforma de inversiones seleccionada tiene para ofrecer. Herramientas de gestión de riesgo, términos y condiciones de trading, costos ocultos si los hubiera. Y finalmente - intenta mantener sus emociones bajo control. Mantener su cabeza nivelada es esencial para mantener la rentabilidad en los mercados financieros.

  1. Existen plataformas de inversiones rentables
La fórmula final, que resume este artículo se ve así:
Interés genuino en los mercados financieros + dedicación al aprendizaje + plataforma adecuada = éxito en sus inversiones en línea
Si estás seguro de los dos primeros ingredientes, para el tercero te recomendamos que veas la plataforma de Olymp Trade. Está compañía ha estado ofreciendo servicios de inversión en línea desde el 2014. Proveen una plataforma desarrollada totalmente in-house - un espacio de trabajo en línea completo para los inversores con una gran variedad de contenido educativo para principiantes y profesionales.
La plataforma de Olymp Trade es mejor conocida por el bajo costo de acceso a los mercados financieros que ofrecen (a partir de $10 USD/€10), transparencia sobre todos los detalles - desde la interfaz de usuario hasta el procesamiento de los retiros, y reconocimiento de leales clientes a nivel mundial. Las más importantes premiaciones y la regulación de la Comisión Financiera Internacional hablan a favor de la confiabilidad de la compañía, mientras que una cuenta de demostración gratuita y un soporte técnico 24/7 brindan un terreno seguro para que usted de sus primeros pasos en el trading.
Ahora que tienes una imagen completa, puede ser el mejor momento para descubrir esta nueva oportunidad para hacer dinero.

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2017.10.22 15:01 JulianAG La incapacidad del Gobierno español para dialogar sobre la independencia catalana

Es incuestionable que llamamientos al diálogo entre el Govern de la Generalitat catalana y el Gobierno español han habido desde que el primero convocara el referéndum de autodeterminación de su pueblo, y que se han incrementado desde que la mayoría de quienes votaron en dicho referéndum lo hicieran a favor de la independencia catalana y, en consecuencia, la declararan.
Sin embargo, todo apunta a que no habrá tal diálogo, porque la casta política que sustenta al Gobierno español, es decir, el tripartito PP&C’s&PSOE no lo quiere. Al respecto, hay que añadir que en el supuesto de que los dirigentes de la casta política hubieran querido dialogar, no podrían haberlo hecho.
Dicha impotencia radica en que no saben dialogar, porque carecen de la capacidad intelectual que ello requiere, y tal carencia se debe a que forman parte del despropósito democrático conocido como Régimen del 78, en el que dialogar no solo está de más, sino mal visto.
En efecto, a poco que se indague en dicho régimen, vigente hoy en día, se evidencia que es un zafio disfraz democrático de la dictadura militar impuesta a sangre y fuego por el golpe de Estado que los ejércitos de España y de la Alemania nazi perpetraron contra el Gobierno republicano que la mayoría del pueblo español, apenas cinco meses antes, había elegido democráticamente (1).
La casta militar española perpetró aquel golpe de Estado para imponer la subsiguiente dictadura a imagen y semejanza del régimen autocrático nazi, aniquilando el diálogo y sustituyéndolo por el terror de las armas de guerra. Es obvio tanto que dicha casta se prestó a perpetrar aquel golpe de Estado cuando sus dueños, es decir, quienes entonces ostentaban el poder del dinero, la azuzaron a darlo, como que a estos no les vino del todo bien que esa casta militar no volviera a los cuarteles para que así la democracia retornara. ¿Por qué?
Es obvio que la razón por la que quienes entonces ostentaban el poder del dinero trataron de permutar a su casta militar por la política fue económica: Aquellos poderosos sabían que se enriquecerían mucho más si sus intereses eran atendidos por su casta política en democracia, que si lo eran por su casta militar en dictadura porque, aunque ésta veneraba el poder del dinero y perpetraría todas las fechorías necesarias para asegurarles su insaciable enriquecimiento, sabían que los integrantes de dicha casta se sentían como ellos (sus dueños): eran lo que tenían. Y en este contexto de avaricia sin cortapisas, los dueños de la casta militar se avinieron a que los integrantes de ésta no solo se quedaran con parte del botín que con sus crímenes les procuraban, sino que también, junto a compinches civiles, crearan empresas para compartir el saqueo de los bienes públicos: El análisis de este saqueo hasta la actualidad, reseñado en el libro Ibex 35 de Rubén Juste, concluiría citando el refrán popular “de aquellos polvos vienen estos lodos”.
Así, la dictadura militar de marras se prolongó durante casi cuarenta años, hasta que su Caudillo, el general golpista Francisco Franco Bahamonde, adalid del PP y de quienes lo votan, murió en la cama. Entonces, quienes ostentaban el poder del dinero sustituyeron a la casta militar por la política para que ésta les asegurara su insaciable enriquecimiento, sin tener que contar para ello con el concurso de aquella.
Y la casta política pergeñó la Constitución de 1978, que está plagada de despropósitos democráticos: Unos zafios, impuestos por la casta militar, y otros sutiles, con los que la casta que redactó y aprobó dicha constitución podría servir per saecula saeculorum al insaciable enriquecimiento de sus dueños, sin que estos tuvieran que recurrir nuevamente para salvaguardarlos a su casta militar.
Un inciso personal para reconocer que soy uno de aquellos ciudadanos que votó a favor de dicha constitución en el referéndum correspondiente, un patético error por el que desde hace mucho tiempo siento vergüenza, sin que haya hallado consuelo por haberlo cometido y por el que ruego perdón.
Desde entonces la casta política, representada por el bipartito PSOE&PP(o sus precedentes -AP y UCD-), sin tener que recurrir a más despropósitos democráticos sutiles que el que la Ley electoral basada en la Constitución representa (2), ha servido a la avaricia de sus dueños, hasta que una parte de dicha casta, el PP, recurrió a otro de los despropósitos democráticos sutiles de la misma: El Tribunal Constitucional -TC-. Y no lo hizo porque se cuestionara el insaciable enriquecimiento de sus dueños, es decir, de quienes ostentaban el poder del dinero, ni para incrementarlo, sino para obtener un provecho electoral partidista añadido al que el sistema electoral antidemocrático le garantizaba. Para ello, el PP instigó el enfrentamiento contra Cataluña del resto de España y lo materializó mediante el TC, cuando la mayoría de los [email protected] de la casta política que lo constituían debían su cargo al PP; entonces dicho tribunal anuló muchos artículos del Estatut de Cataluña que su pueblo había votado en referéndum, con el que se habían culminado los trámites constitucionales previstos para reformarlo.
La zafiedad de tal arbitrariedad hizo que una parte significativa del pueblo catalán tomara conciencia de la esencia antidemocrática tanto de la Constitución vigente como de la casta política que en la misma se ampara, y creyera imprescindible, para zafarse de ambas, la Independencia de Cataluña de España. Para lograrla, dicha parte popular ha votado a partidos independentistas cuyas dirigencias se han volcado, inequívocamente, en ello. Dos de aquellos, Convergència Democràtica de Catalunya -CDC-, que posteriormente se refundó en el Partit Demòcratico Europeu Català -PDeCAT-, y *Esquerra Republicana de Catalunya -ERC-, lideraron la coalición electoral Junts pel Sí -JxSí-, en la que se integraron varias formaciones independentistas para concurrir a las últimas elecciones autonómicas catalanas con el propósito inequívoco de formar un gobierno que declarara dicha independencia. Y aunque dicha coalición fue con creces la más votada por la ciudadanía catalana, el 40%, y obtuvo el mayor número de diputados, 62, estos eran insuficientes para lograr la mayoría absoluta parlamentaria -68 de 135 diputados- que permitiera la formación de aquel gobierno independentista.
Con la finalidad de lograrlo, dicha coalición entabló negociaciones con la Convocatoria d’Unitat Popular -CUP- que es, inequívocamente, independentista y había obtenido 10 diputados en representación del 8% de los votantes. La CUP comprometió su apoyo parlamentariamente a JxSí para que lograra la mayoría absoluta en el Parlament y, en consecuencia, pudiera formar gobierno, pero exigió dos contrapartidas: La primera, que su President no fuera Artur Mas, y la segunda que se comprometiera a convocar un referéndum de autodeterminación para que el pueblo catalán decidiera al respecto dado que, aunque J x Sí más la CU contaban con mayoría absoluta parlamentaria, la suma de votantes de ambas formaciones políticas representaba el 48%, es decir, los independentistas no superaban, aunque por poco, la mitad de quienes habían expresado tal deseo al votar.
Pues bien, hasta en dos ocasiones Artur Mas i Gavarró presentó su candidatura a ser el President del Govern de la Generalitat y no contó con el apoyo parlamentario de la CUP, por lo que desistió de volver a intentarlo y JxSí propuso a Carles Puigdemont Casamajó para desempeñar dicho cargo, quien si contó con el apoyo de la CUP y resultó elegido para ello.
Y el Govern de la Generalitat posibilitó que, pese a las argucias antidemocráticas del Gobierno español perpetradas por las castas judicial y la policial, el referéndum de autodeterminación de Cataluña se celebrara el 1 de Octubre de este año, en el que más de dos millones de personas votaron “”; éstas representaban una mayoría con respecto a las que entonces votaron “No” y, en consecuencia, el pueblo de Cataluña declaró su Independencia.
La declaración del Presidente del gobierno pepero de España, el ínclito Mariano Rajoy Brey, según la cual aquel referéndum no se había celebrado, fue una negación histérica causada por el berrinche que tal celebración debió causarle. Pero ante las evidencias gráficas mundiales de que se había celebrado, la casta política divulgó que lo que se celebró no fue un referéndum, porque no cumplió los requisitos democráticos imprescindibles para así denominarlo.
Más que la falsedad de dicho argumento, llama la atención la desvergüenza con la que la casta política, es decir, el tripartito PP&C’s&PSOE, lo divulgó en los medios de comunicación, lo que solo se explica porque contó con la entusiasta connivencia de sus compinches periodistas: la casta mediática.
En cualquier caso, existen personas que creen en lo que los medios de comunicación divulgan y, en consecuencia, cuestionan incluso la veracidad de aquel dato: Que poco más de dos millones de personas votaran a favor de la Independencia de Cataluña; y dado que éstas supusieron la mayoría de quienes votaron y, en consecuencia, la decidieron, dicho dato debe ponderarse conjuntamente con los siguientes: El primero corresponde a las elecciones autonómicas catalanas de 2015, las últimas celebradas, por lo que es incuestionable desde el punto de vista de los requisitos democráticos al uso: Más de un millón novecientas mil personas votaron a formaciones políticas comprometidas inequívocamente con la independencia catalana (JxSí y la CUP). El segundo dato corresponde a la “consulta sobre la independencia” celebrada el año anterior: *En torno a un millón ochocientas mil** personas votaron a favor de que Cataluña se independizara de España.
Pues bien, conforme a los datos recién reseñados y su evolución, no cabe otra que considerar verosímil que poco más de dos millones de personas votaran a favor de la independencia en el susodicho referéndum de autodeterminación.
También se ha esgrimido contra el mismo que muchas personas no fueron a votar, lo que debe ponderarse. En efecto, es un hecho incuestionable que muchas personas decidieron no acudir a votar por considerarlo ilegal, siguiendo así la recomendación dada por los partidos políticos Ciudadanos -C’s-, el Partido Socialista de Cataluña -PSC- y el Partido Popular -PP- o motu proprio. Pero también lo es que no todas las personas que se abstuvieron en el referéndum de autodeterminación lo hicieron por considerarlo ilegal: Entre éstas, quizá, el porcentaje mayor habría correspondido al de las que, por diferentes motivos, no acuden a votar; por ejemplo, en los resultados conforme al censo de las últimas elecciones autonómicas, el porcentaje de personas que no acudieron a votar fue del 25%, ligeramente inferior al de quienes votaron a la coalición independentistas JxSí -30%-, pero muy superior al de las que votaron a C’s -13%-, que es el partido anti-independentista que no solo más votos y diputados obtuvo entonces, sino también uno de los que ha aconsejado a sus votantes que no acudieran a votar en el susodicho referéndum de autodeterminación esgrimiendo su "ilegalidad" acordada por el Tribunal Constitucional.
La casta política, es decir, el tripartito PP&C’s&PSOE que sustenta al Gobierno español, decidida a que la República de Cataluña, subsiguiente a su independencia, no sea tangible, ya ha divulgado que aplicará el artículo 155 de la Constitución contra el Govern y el Parlament de la Generalitat. Y el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ya ha adelantado las medidas con las que se materializará tal aplicación: Cesará no solo al President, sino también al Vice-President junto con todos los consejeros del Govern de la *Generalitat, disolverá su Parlament para convocar nuevas elecciones autonómicas en el plazo no superior a seis meses y gestionará a los medios de comunicación públicos catalanes; y puntualizó que ello "no supone la suspensión de la autonomía ni del autogobierno" de Cataluña. Pues bien, que no se sonrojara al pronunciar tal puntualización, a pesar de la obvia contradicción que suponía con lo anteriormente había dicho, indicaría que es consciente de que no puede suspender lo que ya no existe aunque, conociendo al personaje, podría ser una más de sus frases sin sentido que denotan su patética carencia intelectual o su cinismo redomado.
En cualquier caso, están por ver las medidas con las que el Govern&Parlament de la Generalitat y los partidos&formaciones independentistas de Cataluña tratarán de contrarrestar las que la casta política española vaya adoptando para abortar su república incipiente. En cualquier caso, su efectividad dependerá del apoyo, al menos, de los casi dos millones de personas que contra viento y marea votaron a favor de la independencia de Cataluña para que deviniera en República.
Es obvio que la aplicación del artículo 155 conllevará la represión de la parte de la ciudadanía que apoya a la República de Cataluña y de su dirigencia. Y cuando se materialice tal represión, está por ver qué reacción suscitará no solo en el PSC, porque el PSOE, con el que está integrado a nivel estatal, avala la aplicación de dicho artículo constitucional, sino también en la Unión Europea -UE-.
Hasta el momento, la dirigencia de la UE no solo ha dejado sin sancionar al Gobierno español por la violenta represión que ordenó perpetrar a miles de guardias civiles y policías nacionales contra la ciudadanía catalana que expresaba inequívoca y dignamente su deseo de votar, sino que también habría mostrado su apoyo a las medidas contra los independentistas adoptadas por dicho gobierno. Tales hechos no apuntan, precisamente, a que la UE vaya a impedir la represión que contra dicha ciudadanía y su dirigencia política conllevará la aplicación del artículo 155 de la Constitución vigente por parte del Gobierno español, sino a que será connivente con éste.
Por el contrario, existe la creencia de que la dirigencia de la UE no tolerará que el Gobierno español reprima con violencia a aquella parte de la ciudadanía catalana que se oponga a que la aplicación del citado artículo constitucional trate de suprimir la institución democrática que con su voto ha logrado: La República catalana.
Aunque tal disyuntiva se resolverá más pronto que tarde, las respuestas a qué es la UE, a cuál es su antecedente y a qué papel juega en la misma el Gobierno español podrían vaticinar dicha resolución. Las respuestas a las dos primeras constan en otro hilo de este foro (3), por lo que aquí solo cabe resumirlas:
La UE sería el IV Reich alemán no solo porque Alemania sea su líder, sino también porque se basa en la existencia de una moneda única y de un mercado común, que son conceptos ideados previamente por el III Reich, es decir, por el régimen autocrático “nazi”. Su fracaso al usar brutal y criminalmente la violencia para lograr de su objetivo principal, llevó a que aquellos que lo habían sufragado, es decir, quienes entonces ostentaban el poder del dinero, renegaran del mismo hasta tal extremo que sus castas política y judicial lo proscribieron en Alemania.
Y desde entonces, la represión violenta del estado alemán contra sus ciudadanos, tal y como las había perpetrado el régimen autocrático nazi durante el III Reich, quedó expresamente prohibida en Alemania. Ésta, como líder de la UE, podría haber impuesto dicha prohibición a los países socios de dicha unión, por lo que cabe deducir que los que ostentan el poder del dinero habrían optado, definitivamente, por los “regímenes democráticos” para que posibiliten su insaciable enriquecimiento. Sin embargo, tal deducción es cuestionable porque Alemania no solo permitió que la dictadura militar española, impuesta por el III Reich y al que patéticamente mimetizaba, perdurara durante casi cuarenta años, sino que también costeó a parte de la casta política que pergeñó la Constitución con la que dicha dictadura persiste camuflada de democracia: El Régimen del 78.
Antes de responder a qué papel juega el Gobierno español en la UE, debe saberse que esta entidad económico-política enriquece de dos formas a quienes ostentan el poder del dinero. La primera se sustenta en la aniquilación no solo de los servicios básicos, tales como la sanidad y la enseñanza públicas, sino también de las prestaciones sociales que, conjuntamente, conforman el “estado del bienestar” imperante en la mayoría de los países europeos, entre ellos España. Aquí, con las deducciones de las nóminas para las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas asalariadas, es decir, con su salario indirecto, se ha costeado el “estado del bienestar”, pero, ¿quién perpetra su aniquilación?
Pues la casta política que gobierna en España, a la que la dirigencia de la UE da el pretexto para perpetrarla: “La obligatoriedad de reducir el déficit público”. Y nuestro gobierno pepero la cumple recortando la financiación tanto de los servicios básicos como de las prestaciones sociales. Obviamente, tales recortes conllevan una merma progresiva de su calidad, por lo que pronto serán tan deficientes, tanto los servicios básicos como las prestaciones sociales, que será un “clamor social” pedir su supresión. Entonces, las personas asalariadas contratarán los servicios básicos y las prestaciones sociales que puedan pagar con entidades “privadas”, cuyos dueños, a buen seguro, son los mismos que ostentan el poder del dinero. Así estos lograrán un “negocio redondo”.
La segunda forma de enriquecerse de quienes ostentan el poder del dinero es la propia de quienes lo prestan: cobrar intereses. Pues bien, el Gobierno español favorece con descaro esta forma de enriquecimiento así: Paga a los prestamistas por el dinero prestado y lo devuelve, pero no amortiza préstamos pendientes, sino que pide otros nuevos. Y los prestamistas los conceden porque así, el monto de intereses que debe pagar se incrementa año tras año. Lo anterior e consecuencia, obviamente, de que la deuda pública de España se incrementa progresivamente año tras año, de tal forma que ha pasado de ser de 743.581 millones de € al finalizar 2011, cuando el PP ganó la elecciones y formó el Gobierno que la gestionaría, a ser de un billón de € más 137.853 millones de € en el segundo trimestre de este año (2017), lo que supone un incremento de 394.272 millones de €.
Tales cantidades son inabarcables para legos en la materia, por lo que a continuación se exponen sus respectivas equivalencias en euros por habitante, €/hbte., calculadas éstas suponiendo que en el intervalo citado, es decir, desde 2011 a 2017, el número de habitantes en España hubiera sido constante: 46 millones y medio. Pues bien, la deuda pública española se incrementó en dicho intervalo de 15.991 €/hbte. a 24.470 €/hbte. Así pues, desde que el Presidente del Gobierno es el pepero Mariano Rajoy Brey, la deuda pública de España por habitante se ha incrementado en casi ocho mil quinientos € por habitante.
Es obvio que ningún prestamista que se precie presta dinero a quien paga los intereses del dinero prestado y lo devuelve, pero pide un nuevo préstamo, de tal modo que su deuda se va incrementando. Siendo este supuesto el que viene ocurriendo con España, al menos en el intervalo antes citado, cabe considerar que sus prestamistas se arriesgan a que no les devuelva su dinero. Sin embargo, tal riesgo ha sido anulado por los prestamistas porque, siendo quienes ostentan el poder del dinero, dispusieron que su casta política en 2011, entonces representada por el bipartito PSOE&PP, reformara la Constitución, en menos que tarda un cura loco en persignarse, para que su artículo 135 consagre que el pago tanto de los intereses como del capital de la deuda pública tenga “prioridad absoluta” en los presupuestos de todas las Administraciones del Estado.
Es obvio, pues, que para los prestamistas, el incremento progresivo de la deuda pública de España no es un riesgo, sino una bicoca: Primero, porque cada vez cobran más intereses, y segundo, porque es un “arma” con la que podrían causar el colapso económico de cualquier gobierno que quisieran derrocar. Para ello, debido a la descomunal cuantía de la deuda, bastaría con que los poderosos exigieran la devolución de los préstamos en el plazo pactado cuando los concedieron y que no concedieran otros nuevos. Y en el caso de que ese hipotético gobierno se opusiera a tal devolución, entonces su casta política recurriría al Tribunal Constitucional, es decir, a la casta judicial, que declararía inconstitucional que el gobierno se opusiera a dicha devolución.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es obvio que el Gobierno español del PP cumple con obediencia entusiasta las directrices dispuestas por la dirigencia de la UE para que sus dueños, es decir, quienes ostentan el poder del dinero, se enriquezcan más aún. Así pues, no parece probable que estos dispongan que la dirigencia de la UE no sea connivente con las medidas represivas que dicho gobierno aplicará contra la Generalitat catalana y, por ende, contra el pueblo que la apoye.
Salud. Julián
(1)
https://www.reddit.com/podemos/comments/73e4j5/la_convocatoria_del_refer%C3%A9ndum_catal%C3%A1n_destapa_la/
(2)
http://piensachile.com/2017/08/lo-llaman-democracia-no-lo/
(3)
https://www.reddit.com/podemos/comments/76an5qu%C3%A9_est%C3%A1_pasando_en_catalunya_i/
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2017.05.11 10:24 soucasen regulación del cànnabis

  1. Libertades Las personas usuarias de cannabis deben de ser descriminalizadas, sus cultivos regularizados y todos sus derechos respetados y defendidos. Proponemos que se despenalice el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo. Regular la actividad de los Club Sociales Cannábicos (CSC). Realizar los cambios legislativos necesarios, derogar la ley mordaza y convocar una mesa de trabajo sectorial para presentar una propuesta estatal que garantice las libertades y derechos fundamentales de las personas usuarias. La prohibición causa más problemas que las propias drogas y es necesaria una política de drogas justa y eficaz. 2. Modelo Productivo Regularización del consumo, la producción de cannabis y sus derivados. En este país hay muchos intereses económicos y personales alrededor de este tema, más aún después de la exitosa experiencia en Colorado, EEUU, creando empleo y recaudando impuestos (el caso uruguayo no lo es tanto, ya que le da la concesión a la industria farmacéutica, obliga a un registro personal y mantiene en secreto el origen de las semillas). Es hora de aceptar la realidad y desarrollar un marco regulatorio como medida para crear empleo y más aún cuando más de 63% está a favor del uso lúdico. 3. I+D+i Política Científica Legalizar la marihuana con fines terapeuticos, recreativos y el proceso investigativo Legalizar el cultivo, producción, uso y consumo de la marihuana para la investigación, el uso terapéutico y el uso recreativo. Las propiedades terapéuticas de la planta Cannabis sativa se utilizan desde hace siglos y en la actualidad existen numerosos grupos de investigación centrados en comprobar la actuación de los cannabinoides sobre diversos sistemas fisiológicos (motor,neuroendocrino, cardiovascular, etc) en beneficio de la salud del hombre y los animales. 4.Salud Pública Reglamentación del cultivo, manufactura y venta de productos derivados del cannabis Aparte de la utilidad de la planta como materia prima para fabricación de ropa y productos cosméticos, el principio activo del cannabis, el THC, se puede usar como producto farmacológico y como producto de consumo lúdico. La legalización de estos productos, que de todos modos se consumen, favorece un control sanitario, posibilidad de informar a los consumidores, la creación de puestos de trabajo y la recaudación fiscal. El desarrollo legislativo que abarca control aduanero, regulación de transporte, legislación sobre tiendas, etc... Los verdaderos motivos por los que los productos derivados de la planta del cannabis son ilegales en la mayoría de los países, se fundamentan en intereses económicos. Dado que la producción de textiles derivados del cáñamo amenazaba el mercado de productos derivados del algodón, EEUU decidió que el cannabis sería ilegal. Así se favorecía el cultivo del algodón en que los americanos son especialistas. Aparte de la utilidad de la planta como materia prima para fabricación de ropa y productos cosméticos, el principio activo del cannabis, el THC, se puede usar en dos grandes vertientes: como producto farmacológico y como producto de consumo con efectos sobre el sistema nervioso. Teniendo en cuenta que la segunda vertiente es la que prima, la mayoría de la población está consumiendo un producto que no ha pasado por controles de sanidad y consumo; cuyos beneficios van al mundo del narcotráfico y no redunda en la Hacienda Pública. La legalización garantiza el consumo en dosis y condiciones óptimas, de modo legal y con una carga fiscal que beneficie a toda la sociedad. También hay que tener en cuenta que, al ser ilegal su cultivo para la venta, la mayor parte del comercio de estos productos, hachís, marihuana y sus derivados, viene de fuera del País Valenciano, por lo que no crea beneficio en el sector del cultivo autóctono. El consumo de cannabis en el País Valenciano es un hecho, por lo tanto se hace necesaria la legalización de estos productos para favorecer un control sanitario y educacional, la creación de puestos de trabajo y la recaudación fiscal. Si de los 1100 millones de euros que se estima mueve en España el Cannabis, solo para consumo lúdico, se gravase la mitad de impuestos que se gravan al tabaco (que son del 80% del precio de la cajetilla), la medida supondría un ingreso de 440 millones de euros al año, sin contar con las cotizaciones de los nuevos trabajos, licencias de apertura, consumo de productos derivados, etc,que esto generaría. Si se gravase el mismo 80% serían unos ingresos de 880 millones al año. Por otra parte, los beneficios farmacológicos de los productos derivados del cannabis están más que demostrados: reducción de náuseas en el tratamiento con quimioterapia, analgesia efectiva en enfermedades que provocan gran sufrimiento, antidepresivo natural que no provoca adicción física, diferentes utilidades para las afecciones de piel, y un largo etcétera. Debe darse a los médicos y farmacias la posibilidad de dispensar productos del cannabis bajo receta médica, dado que sus efectos secundarios son, con mucho, más benignos que los de la mayoría de los ansiolíticos o inhibidores selectivos de la serotonina, relajantes musculares o analgésicos. No podemos olvidarnos de que se recetan y expenden todos los días derivados del opio y opiáceos, por poner un ejemplo. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos: La producción Despenalización total del cultivo para autoconsumo. Cualquier persona podrá poseer la cantidad que desee de plantas de cannabis para su consumo o uso personal. En caso de querer hacer negocio a pequeño nivel con lo cultivado en su propia vivienda o finca, debería ser siempre bajo la advertencia de que se trata de plantas cultivadas por sí mismo y dicha actividad deberá armonizarse (siempre que sea una actividad económica y no de intercambio) con el resto de actividad de autónomos, penalizándose en todo caso la actividad económica no regulada, pero no el cultivo. En caso de terrenos de cultivo superiores a 25 m2, el dueño deberá notificar a la autoridad competente (guardia civil) de su cultivo, para las precauciones necesarias en caso de incendio. 5.-­‐ Especialización del cultivo La producción debe estar controlada desde los organismos públicos de Sanidad y de Industria. La planta puede cultivarse para la fabricación textil, pero las semillas para la fabricación de fármacos o consumibles. Esto debe estar acreditado desde la compra de semillas hasta la venta del producto cultivado. De este modo, la presión fiscal siempre será la adecuada y la cepa cultivada podrá analizarse en función a su utilidad final. Estará prohibida la venta y distribución no especificada en el tipo de cultivo y el autoconsumo de los trabajadores o dueños de la plantación, para evitar el menudeo o el consumo de productos que no cumplan la función esperada. 6.-­‐Vigilancia aduanera Se buscará una absoluta armonización entre las leyes de exportación e importación con respecto a otros países en que sea legal la producción o consumo de productos derivados de cannabis, tanto con respecto a los productos elaborados como a las semillas o la planta recolectada y sus componentes. Es decir: no estará prohibida la exportación e importación, pero estarán reguladas bajo las premisas de los ministerios de Sanidad, Hacienda y de justa competencia. 7.-­‐Transporte, recogida y empaquetamiento Se debe adecuar a los estándares de transportes de mercancías peligrosas en función del tipo de producto que se esté transportando, si son semillas, troncos, etc, tanto de productos elaborados como de producto no elaborados. Los medios de transporte deben ser adecuados en cuanto a seguridad, ventilación, etcétera. La recolección y empaquetamiento también debe cumplir los estándares adecuados de seguridad para evitar cualquier riesgo de intoxicación inmediata o acumulada. 8.-­‐Elaboración y venta Productos farmacológicos: Dependiendo de los efectos buscados se permitirán la fabricación de productos adecuados en formato y dosis, al efecto beneficioso que se busque, con todas las garantías farmacológicas y de Sanidad. Estos efectos y los posibles efectos adversos quedarán perfectamente reflejados en el prospecto del producto, y solo podrán dispensarse en farmacias y con receta médica cuando así lo considere el Ministerio de Sanidad. No serán considerados productos propios de herboristerías o tiendas de remedios naturales. Productos de consumo: habrá dos tipos de productos de consumo privados del cannabis: los monodosis y los ingredientes. Los monodosis serían cigarrillos, chicles o cualquier otra presentación monodosis en la que estén perfectamente indicados sus efectos. Podrán ser puestos a la venta en estancos y en tiendas especializadas. Los ingredientes solo podrán ser puestos a la venta en tiendas especializadas (a las que se les permite también comercializar los productos monodosis). Se trata de ingredientes con los que se pueden elaborar consumibles como cigarrillos, pasteles, etc. Elaboración de productos monodosis: Deberá llevarse a cabo en instalaciones y con medios que aseguren la no existencia de trazas en otros productos que no deban poseer ningún resto de cannabis. Tiendas especializadas: Los dependientes y dueños de tiendas especializadas deben pasar un curso sobre los productos que van a poner a la venta. Las licencias de apertura irán en función de la cantidad de tiendas del mismo tipo que haya en la zona y con el criterio de que no estén cerca de colegios, institutos y centros de ocio familiar. Las licencias solo requerirán tramitación y tendrán un coste lo más asumible posible para que se incentive la iniciativa y el autoempleo. Los cursos también tendrán precios estandarizados asequibles y no será necesario tramitarlos a través de academia. El objetivo es que el dependiente sea capaz de asesorar al comprador sobre dosis y elaboración de los productos para un consumo responsable, y sobre el modo de actuar en caso de una mala reacción o un exceso en la ingesta. Estas tiendas están obligadas a soportar la publicidad informativa que los organismos públicos tengan a bien distribuir en cada momento. Tendrán las mismas restricciones horarias que para la venta de bebidas alcohólicas, en caso de existir dichas restricciones. Tendrán permiso para vender otros productos relacionados con el consumo de cannabis y textiles del cáñamo, pero nunca fármacos. 9.-­‐Consumo responsable y uso consciente Pérdida de facultades: Se mantienen las restricciones en materia de conducción y manejo de maquinaria pesada, y cualquier otra actividad que pueda entrañar un riesgo para uno mismo o para terceros, dejando estas medidas tanto para la DGT como para las autoridades laborales pertinentes. Sin embargo, se detendrán los controles de carretera en materia de THC, hasta que no se encuentre un test inmediato que detecte si se conduce bajo los efectos de dicha sustancia, y no si se ha consumido recientemente. Se retirará el cannabis de la lista perseguida en los controles realizados con Drug Test 5000 de forma inmediata. Según la ONU en España entre el 13% y el 15% de la población es consumidora. Supuestamente según la DGT los accidentes producidos por los consumidores nos genera un gasto de 1,4 millones anuales pero sin embargo gastamos casi 23 millones entre campañas y mantener los dispositivos en operatividad, siendo una medida nada más que recaudatoria y más según los últimos estudios publicados por el Homónimo de la DGT en EEUU, la AAA que determinan los efectos en la conducción a casi 0. Optamos por otros tipos de controles más reales con la sociedad como el sistema TAC (Test de Aptitud a la Conducción), donde se miden las aptitudes para la conducción tras realizar un corto test en un simulador y no por encontrar rastros de 1ng/ml de saliva que solo identifican que han estado en contacto con la sustancia (incluso 3 meses después de su consumo) pero no mide sus efectos en el organismo, ni sus efectos al volante. Esta medida creará mayor protección jurídica tanto a las administraciones, como a la ciudadanía que no se verán presa del afán recaudatorio, separando un uso responsable y consciente del que no. Protección demenores: Tendrá las mismas restricciones que el tabaco en cuanto al consumo de productos fumados, añadiéndose la prohibición de consumirlo en presencia de menores incluso en espacios abiertos que sean susceptibles de ser visitados por menores, tales como parques, afueras de los colegios e institutos, etc. Concienciación sobre el producto: Se establecerá una campaña de información ciudadana, basada en datos objetivos tanto de los beneficios como de los perjuicios del cannabis, por parte de las autoridades sanitarias y de la DGT. Recetas y vademécuns: Un comité de expertos establecerá las circunstancias en que sea recomendable la prescripción de estos productos farmacológicos y se incluirá la descripción necesaria en los vademécum. 10. Igualdad Legalización del Cannabis, con la finalidad de desarticular la economía sumergida de las mafias, como locomotora laboral y medioambiental, tanto a nivel nacional como internacional El consumo de cannabis es algo habitual para una gran parte de la ciudadanía. Las desigualdades son latentes estigmatizando a las personas consumidoras, mientras las redes internacionales del narcotráfico y el terrorismo ven como se incrementa su financiación; capaces de distribuir en menos de 24h en cualquier punto del país. Esta persecución al consumo del Cánnabis, es un gran atentado a los derechos de las personas que siguen ocurriendo hoy en día. Miles de ciudadanos en cárceles, por un fraude a la administración por la venta ilegal, tenencia o cultivo, llenando los presidios de simples peones en una guerra absurda que solo favorece el enriquecimiento de las grandes redes de distribución mafiosas. Venta siempre voluntaria y sin obligación. La hipocresía de una sociedad, que mira a otro lado, sabiendo que solo sirve para mantener un comercio ilegal paralelo, no deja nada más al estado que una larga factura en presidios y dispositivos, sin afectar de forma real la raíz del problema. Todo por una planta con miles de años, de uso y sin ninguna muerte asignada por su consumo, que tras el descubrimiento del Nylon fue siendo prohibida en todos los países, de la mano de EEUU. Una planta que gracias a sus mil usos, nos puede abastecer de biodiesel o frenar terrenos y montes yermos y desolados por distintas erosiones aparte de sus capacidades de fitorremediación entre alguna de sus cualidades que ya se están usando en otros países dentro y fuera de la EU. 11. Libertades Regularización de los clubes sociales cannábicos (CSC) y legalización del Cánnabis terapéutico Esta propuesta NO contiene la legalización del consumo en lugares o vías públicas, así como tampoco permite el ánimo de lucro en ninguna actividad relacionada con el cannabis, buscando así un consenso entre la mayoría de la ciudadanía. Esta propuesta pretende regular el vacío existente alrededor de los CSC, creando un marco legal y regulado de relación con las administraciones que aportaría seguridad jurídica a una realidad ya existente, así como dar vía libre a la investigación médica en torno al cannabis. Objetivos: •Minimizar los riesgos sociales y de salud, especialmente respecto al crimen organizado. •Proteger a los jóvenes mediante restricciones de edad y educación sobre la materia. •Maximizar los beneficios médicos y terapéuticos del cannabis, moviendo su desarrollo científico. •Promover la calidad y la salubridad del cannabis y sus derivados mediante controles. •Reflotar economía sumergida, con la consecuente recaudación de impuestos y creación de puestos de trabajo. Medidas: •Instar a las Comunidades Autónomas a crear una regulación propia de los CSC. •Legalización del estudio y uso medicinal del cannabis en todos sus aspectos. •Permitir el autoabastecimiento y el cultivo compartido, así como las cantidades que suponen consumo propio, entendiéndose siempre en un ámbito privado. •Creación de un protocolo específico para el transporte del cannabis desde el cultivo compartido hasta el local de la asociación, así como establecer un mínimo cuya posesión no sea multada. •Los CSC podrán crear entidades que los agrupen para la consecución de los intereses que les son comunes y su representación. •Las Administraciones Públicas promoverán la creación de órganos de colaboración entre aquéllas y los CSC o entidades que los representen.
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2017.05.11 10:14 soucasen Regularización del uso terapéutico y recreativo del cànnabis

  1. Libertades Las personas usuarias de cannabis deben de ser descriminalizadas, sus cultivos regularizados y todos sus derechos respetados y defendidos. Proponemos que se despenalice el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo. Regular la actividad de los Club Sociales Cannábicos (CSC). Realizar los cambios legislativos necesarios, derogar la ley mordaza y convocar una mesa de trabajo sectorial para presentar una propuesta estatal que garantice las libertades y derechos fundamentales de las personas usuarias. La prohibición causa más problemas que las propias drogas y es necesaria una política de drogas justa y eficaz. 2. Modelo Productivo Regularización del consumo, la producción de cannabis y sus derivados. En este país hay muchos intereses económicos y personales alrededor de este tema, más aún después de la exitosa experiencia en Colorado, EEUU, creando empleo y recaudando impuestos (el caso uruguayo no lo es tanto, ya que le da la concesión a la industria farmacéutica, obliga a un registro personal y mantiene en secreto el origen de las semillas). Es hora de aceptar la realidad y desarrollar un marco regulatorio como medida para crear empleo y más aún cuando más de 63% está a favor del uso lúdico. 3. I+D+i Política Científica Legalizar la marihuana con fines terapeuticos, recreativos y el proceso investigativo Legalizar el cultivo, producción, uso y consumo de la marihuana para la investigación, el uso terapéutico y el uso recreativo. Las propiedades terapéuticas de la planta Cannabis sativa se utilizan desde hace siglos y en la actualidad existen numerosos grupos de investigación centrados en comprobar la actuación de los cannabinoides sobre diversos sistemas fisiológicos (motor,neuroendocrino, cardiovascular, etc) en beneficio de la salud del hombre y los animales. 4.Salud Pública Reglamentación del cultivo, manufactura y venta de productos derivados del cannabis Aparte de la utilidad de la planta como materia prima para fabricación de ropa y productos cosméticos, el principio activo del cannabis, el THC, se puede usar como producto farmacológico y como producto de consumo lúdico. La legalización de estos productos, que de todos modos se consumen, favorece un control sanitario, posibilidad de informar a los consumidores, la creación de puestos de trabajo y la recaudación fiscal. El desarrollo legislativo que abarca control aduanero, regulación de transporte, legislación sobre tiendas, etc... Los verdaderos motivos por los que los productos derivados de la planta del cannabis son ilegales en la mayoría de los países, se fundamentan en intereses económicos. Dado que la producción de textiles derivados del cáñamo amenazaba el mercado de productos derivados del algodón, EEUU decidió que el cannabis sería ilegal. Así se favorecía el cultivo del algodón en que los americanos son especialistas. Aparte de la utilidad de la planta como materia prima para fabricación de ropa y productos cosméticos, el principio activo del cannabis, el THC, se puede usar en dos grandes vertientes: como producto farmacológico y como producto de consumo con efectos sobre el sistema nervioso. Teniendo en cuenta que la segunda vertiente es la que prima, la mayoría de la población está consumiendo un producto que no ha pasado por controles de sanidad y consumo; cuyos beneficios van al mundo del narcotráfico y no redunda en la Hacienda Pública. La legalización garantiza el consumo en dosis y condiciones óptimas, de modo legal y con una carga fiscal que beneficie a toda la sociedad. También hay que tener en cuenta que, al ser ilegal su cultivo para la venta, la mayor parte del comercio de estos productos, hachís, marihuana y sus derivados, viene de fuera del País Valenciano, por lo que no crea beneficio en el sector del cultivo autóctono. El consumo de cannabis en el País Valenciano es un hecho, por lo tanto se hace necesaria la legalización de estos productos para favorecer un control sanitario y educacional, la creación de puestos de trabajo y la recaudación fiscal. Si de los 1100 millones de euros que se estima mueve en España el Cannabis, solo para consumo lúdico, se gravase la mitad de impuestos que se gravan al tabaco (que son del 80% del precio de la cajetilla), la medida supondría un ingreso de 440 millones de euros al año, sin contar con las cotizaciones de los nuevos trabajos, licencias de apertura, consumo de productos derivados, etc,que esto generaría. Si se gravase el mismo 80% serían unos ingresos de 880 millones al año. Por otra parte, los beneficios farmacológicos de los productos derivados del cannabis están más que demostrados: reducción de náuseas en el tratamiento con quimioterapia, analgesia efectiva en enfermedades que provocan gran sufrimiento, antidepresivo natural que no provoca adicción física, diferentes utilidades para las afecciones de piel, y un largo etcétera. Debe darse a los médicos y farmacias la posibilidad de dispensar productos del cannabis bajo receta médica, dado que sus efectos secundarios son, con mucho, más benignos que los de la mayoría de los ansiolíticos o inhibidores selectivos de la serotonina, relajantes musculares o analgésicos. No podemos olvidarnos de que se recetan y expenden todos los días derivados del opio y opiáceos, por poner un ejemplo. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos: La producción Despenalización total del cultivo para autoconsumo. Cualquier persona podrá poseer la cantidad que desee de plantas de cannabis para su consumo o uso personal. En caso de querer hacer negocio a pequeño nivel con lo cultivado en su propia vivienda o finca, debería ser siempre bajo la advertencia de que se trata de plantas cultivadas por sí mismo y dicha actividad deberá armonizarse (siempre que sea una actividad económica y no de intercambio) con el resto de actividad de autónomos, penalizándose en todo caso la actividad económica no regulada, pero no el cultivo. En caso de terrenos de cultivo superiores a 25 m2, el dueño deberá notificar a la autoridad competente (guardia civil) de su cultivo, para las precauciones necesarias en caso de incendio. 5.-­‐ Especialización del cultivo La producción debe estar controlada desde los organismos públicos de Sanidad y de Industria. La planta puede cultivarse para la fabricación textil, pero las semillas para la fabricación de fármacos o consumibles. Esto debe estar acreditado desde la compra de semillas hasta la venta del producto cultivado. De este modo, la presión fiscal siempre será la adecuada y la cepa cultivada podrá analizarse en función a su utilidad final. Estará prohibida la venta y distribución no especificada en el tipo de cultivo y el autoconsumo de los trabajadores o dueños de la plantación, para evitar el menudeo o el consumo de productos que no cumplan la función esperada. 6.-­‐Vigilancia aduanera Se buscará una absoluta armonización entre las leyes de exportación e importación con respecto a otros países en que sea legal la producción o consumo de productos derivados de cannabis, tanto con respecto a los productos elaborados como a las semillas o la planta recolectada y sus componentes. Es decir: no estará prohibida la exportación e importación, pero estarán reguladas bajo las premisas de los ministerios de Sanidad, Hacienda y de justa competencia. 7.-­‐Transporte, recogida y empaquetamiento Se debe adecuar a los estándares de transportes de mercancías peligrosas en función del tipo de producto que se esté transportando, si son semillas, troncos, etc, tanto de productos elaborados como de producto no elaborados. Los medios de transporte deben ser adecuados en cuanto a seguridad, ventilación, etcétera. La recolección y empaquetamiento también debe cumplir los estándares adecuados de seguridad para evitar cualquier riesgo de intoxicación inmediata o acumulada. 8.-­‐Elaboración y venta Productos farmacológicos: Dependiendo de los efectos buscados se permitirán la fabricación de productos adecuados en formato y dosis, al efecto beneficioso que se busque, con todas las garantías farmacológicas y de Sanidad. Estos efectos y los posibles efectos adversos quedarán perfectamente reflejados en el prospecto del producto, y solo podrán dispensarse en farmacias y con receta médica cuando así lo considere el Ministerio de Sanidad. No serán considerados productos propios de herboristerías o tiendas de remedios naturales. Productos de consumo: habrá dos tipos de productos de consumo privados del cannabis: los monodosis y los ingredientes. Los monodosis serían cigarrillos, chicles o cualquier otra presentación monodosis en la que estén perfectamente indicados sus efectos. Podrán ser puestos a la venta en estancos y en tiendas especializadas. Los ingredientes solo podrán ser puestos a la venta en tiendas especializadas (a las que se les permite también comercializar los productos monodosis). Se trata de ingredientes con los que se pueden elaborar consumibles como cigarrillos, pasteles, etc. Elaboración de productos monodosis: Deberá llevarse a cabo en instalaciones y con medios que aseguren la no existencia de trazas en otros productos que no deban poseer ningún resto de cannabis. Tiendas especializadas: Los dependientes y dueños de tiendas especializadas deben pasar un curso sobre los productos que van a poner a la venta. Las licencias de apertura irán en función de la cantidad de tiendas del mismo tipo que haya en la zona y con el criterio de que no estén cerca de colegios, institutos y centros de ocio familiar. Las licencias solo requerirán tramitación y tendrán un coste lo más asumible posible para que se incentive la iniciativa y el autoempleo. Los cursos también tendrán precios estandarizados asequibles y no será necesario tramitarlos a través de academia. El objetivo es que el dependiente sea capaz de asesorar al comprador sobre dosis y elaboración de los productos para un consumo responsable, y sobre el modo de actuar en caso de una mala reacción o un exceso en la ingesta. Estas tiendas están obligadas a soportar la publicidad informativa que los organismos públicos tengan a bien distribuir en cada momento. Tendrán las mismas restricciones horarias que para la venta de bebidas alcohólicas, en caso de existir dichas restricciones. Tendrán permiso para vender otros productos relacionados con el consumo de cannabis y textiles del cáñamo, pero nunca fármacos. 9.-­‐Consumo responsable y uso consciente Pérdida de facultades: Se mantienen las restricciones en materia de conducción y manejo de maquinaria pesada, y cualquier otra actividad que pueda entrañar un riesgo para uno mismo o para terceros, dejando estas medidas tanto para la DGT como para las autoridades laborales pertinentes. Sin embargo, se detendrán los controles de carretera en materia de THC, hasta que no se encuentre un test inmediato que detecte si se conduce bajo los efectos de dicha sustancia, y no si se ha consumido recientemente. Se retirará el cannabis de la lista perseguida en los controles realizados con Drug Test 5000 de forma inmediata. Según la ONU en España entre el 13% y el 15% de la población es consumidora. Supuestamente según la DGT los accidentes producidos por los consumidores nos genera un gasto de 1,4 millones anuales pero sin embargo gastamos casi 23 millones entre campañas y mantener los dispositivos en operatividad, siendo una medida nada más que recaudatoria y más según los últimos estudios publicados por el Homónimo de la DGT en EEUU, la AAA que determinan los efectos en la conducción a casi 0. Optamos por otros tipos de controles más reales con la sociedad como el sistema TAC (Test de Aptitud a la Conducción), donde se miden las aptitudes para la conducción tras realizar un corto test en un simulador y no por encontrar rastros de 1ng/ml de saliva que solo identifican que han estado en contacto con la sustancia (incluso 3 meses después de su consumo) pero no mide sus efectos en el organismo, ni sus efectos al volante. Esta medida creará mayor protección jurídica tanto a las administraciones, como a la ciudadanía que no se verán presa del afán recaudatorio, separando un uso responsable y consciente del que no. Protección demenores: Tendrá las mismas restricciones que el tabaco en cuanto al consumo de productos fumados, añadiéndose la prohibición de consumirlo en presencia de menores incluso en espacios abiertos que sean susceptibles de ser visitados por menores, tales como parques, afueras de los colegios e institutos, etc. Concienciación sobre el producto: Se establecerá una campaña de información ciudadana, basada en datos objetivos tanto de los beneficios como de los perjuicios del cannabis, por parte de las autoridades sanitarias y de la DGT. Recetas y vademécuns: Un comité de expertos establecerá las circunstancias en que sea recomendable la prescripción de estos productos farmacológicos y se incluirá la descripción necesaria en los vademécum. 10. Igualdad Legalización del Cannabis, con la finalidad de desarticular la economía sumergida de las mafias, como locomotora laboral y medioambiental, tanto a nivel nacional como internacional El consumo de cannabis es algo habitual para una gran parte de la ciudadanía. Las desigualdades son latentes estigmatizando a las personas consumidoras, mientras las redes internacionales del narcotráfico y el terrorismo ven como se incrementa su financiación; capaces de distribuir en menos de 24h en cualquier punto del país. Esta persecución al consumo del Cánnabis, es un gran atentado a los derechos de las personas que siguen ocurriendo hoy en día. Miles de ciudadanos en cárceles, por un fraude a la administración por la venta ilegal, tenencia o cultivo, llenando los presidios de simples peones en una guerra absurda que solo favorece el enriquecimiento de las grandes redes de distribución mafiosas. Venta siempre voluntaria y sin obligación. La hipocresía de una sociedad, que mira a otro lado, sabiendo que solo sirve para mantener un comercio ilegal paralelo, no deja nada más al estado que una larga factura en presidios y dispositivos, sin afectar de forma real la raíz del problema. Todo por una planta con miles de años, de uso y sin ninguna muerte asignada por su consumo, que tras el descubrimiento del Nylon fue siendo prohibida en todos los países, de la mano de EEUU. Una planta que gracias a sus mil usos, nos puede abastecer de biodiesel o frenar terrenos y montes yermos y desolados por distintas erosiones aparte de sus capacidades de fitorremediación entre alguna de sus cualidades que ya se están usando en otros países dentro y fuera de la EU. 11. Libertades Regularización de los clubes sociales cannábicos (CSC) y legalización del Cánnabis terapéutico Esta propuesta NO contiene la legalización del consumo en lugares o vías públicas, así como tampoco permite el ánimo de lucro en ninguna actividad relacionada con el cannabis, buscando así un consenso entre la mayoría de la ciudadanía. Esta propuesta pretende regular el vacío existente alrededor de los CSC, creando un marco legal y regulado de relación con las administraciones que aportaría seguridad jurídica a una realidad ya existente, así como dar vía libre a la investigación médica en torno al cannabis. Objetivos: •Minimizar los riesgos sociales y de salud, especialmente respecto al crimen organizado. •Proteger a los jóvenes mediante restricciones de edad y educación sobre la materia. •Maximizar los beneficios médicos y terapéuticos del cannabis, moviendo su desarrollo científico. •Promover la calidad y la salubridad del cannabis y sus derivados mediante controles. •Reflotar economía sumergida, con la consecuente recaudación de impuestos y creación de puestos de trabajo. Medidas: •Instar a las Comunidades Autónomas a crear una regulación propia de los CSC. •Legalización del estudio y uso medicinal del cannabis en todos sus aspectos. •Permitir el autoabastecimiento y el cultivo compartido, así como las cantidades que suponen consumo propio, entendiéndose siempre en un ámbito privado. •Creación de un protocolo específico para el transporte del cannabis desde el cultivo compartido hasta el local de la asociación, así como establecer un mínimo cuya posesión no sea multada. •Los CSC podrán crear entidades que los agrupen para la consecución de los intereses que les son comunes y su representación. •Las Administraciones Públicas promoverán la creación de órganos de colaboración entre aquéllas y los CSC o entidades que los representen.
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2017.05.04 17:34 soucasen Regularización de los clubes sociales cannábicos (CSC) y legalización del Cánnabis terapéutico

1. Libertades Las personas usuarias de cannabis deben de ser descriminalizadas, sus cultivos regularizados y todos sus derechos respetados y defendidos. Proponemos que se despenalice el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo. Regular la actividad de los Club Sociales Cannábicos (CSC). Realizar los cambios legislativos necesarios, derogar la ley mordaza y convocar una mesa de trabajo sectorial para presentar una propuesta estatal que garantice las libertades y derechos fundamentales de las personas usuarias. La prohibición causa más problemas que las propias drogas y es necesaria una política de drogas justa y eficaz. 2. Modelo Productivo Regularización del consumo, la producción de cannabis y sus derivados. En este país hay muchos intereses económicos y personales alrededor de este tema, más aún después de la exitosa experiencia en Colorado, EEUU, creando empleo y recaudando impuestos (el caso uruguayo no lo es tanto, ya que le da la concesión a la industria farmacéutica, obliga a un registro personal y mantiene en secreto el origen de las semillas). Es hora de aceptar la realidad y desarrollar un marco regulatorio como medida para crear empleo y más aún cuando más de 63% está a favor del uso lúdico. 3. I+D+i Política Científica Legalizar la marihuana con fines terapeuticos, recreativos y el proceso investigativo Legalizar el cultivo, producción, uso y consumo de la marihuana para la investigación, el uso terapéutico y el uso recreativo. Las propiedades terapéuticas de la planta Cannabis sativa se utilizan desde hace siglos y en la actualidad existen numerosos grupos de investigación centrados en comprobar la actuación de los cannabinoides sobre diversos sistemas fisiológicos (motor,neuroendocrino, cardiovascular, etc) en beneficio de la salud del hombre y los animales. 4.Salud Pública Reglamentación del cultivo, manufactura y venta de productos derivados del cannabis Aparte de la utilidad de la planta como materia prima para fabricación de ropa y productos cosméticos, el principio activo del cannabis, el THC, se puede usar como producto farmacológico y como producto de consumo lúdico. La legalización de estos productos, que de todos modos se consumen, favorece un control sanitario, posibilidad de informar a los consumidores, la creación de puestos de trabajo y la recaudación fiscal. El desarrollo legislativo que abarca control aduanero, regulación de transporte, legislación sobre tiendas, etc... Los verdaderos motivos por los que los productos derivados de la planta del cannabis son ilegales en la mayoría de los países, se fundamentan en intereses económicos. Dado que la producción de textiles derivados del cáñamo amenazaba el mercado de productos derivados del algodón, EEUU decidió que el cannabis sería ilegal. Así se favorecía el cultivo del algodón en que los americanos son especialistas. Aparte de la utilidad de la planta como materia prima para fabricación de ropa y productos cosméticos, el principio activo del cannabis, el THC, se puede usar en dos grandes vertientes: como producto farmacológico y como producto de consumo con efectos sobre el sistema nervioso. Teniendo en cuenta que la segunda vertiente es la que prima, la mayoría de la población está consumiendo un producto que no ha pasado por controles de sanidad y consumo; cuyos beneficios van al mundo del narcotráfico y no redunda en la Hacienda Pública. La legalización garantiza el consumo en dosis y condiciones óptimas, de modo legal y con una carga fiscal que beneficie a toda la sociedad. También hay que tener en cuenta que, al ser ilegal su cultivo para la venta, la mayor parte del comercio de estos productos, hachís, marihuana y sus derivados, viene de fuera del País Valenciano, por lo que no crea beneficio en el sector del cultivo autóctono. El consumo de cannabis en el País Valenciano es un hecho, por lo tanto se hace necesaria la legalización de estos productos para favorecer un control sanitario y educacional, la creación de puestos de trabajo y la recaudación fiscal. Si de los 1100 millones de euros que se estima mueve en España el Cannabis, solo para consumo lúdico, se gravase la mitad de impuestos que se gravan al tabaco (que son del 80% del precio de la cajetilla), la medida supondría un ingreso de 440 millones de euros al año, sin contar con las cotizaciones de los nuevos trabajos, licencias de apertura, consumo de productos derivados, etc,que esto generaría. Si se gravase el mismo 80% serían unos ingresos de 880 millones al año. Por otra parte, los beneficios farmacológicos de los productos derivados del cannabis están más que demostrados: reducción de náuseas en el tratamiento con quimioterapia, analgesia efectiva en enfermedades que provocan gran sufrimiento, antidepresivo natural que no provoca adicción física, diferentes utilidades para las afecciones de piel, y un largo etcétera. Debe darse a los médicos y farmacias la posibilidad de dispensar productos del cannabis bajo receta médica, dado que sus efectos secundarios son, con mucho, más benignos que los de la mayoría de los ansiolíticos o inhibidores selectivos de la serotonina, relajantes musculares o analgésicos. No podemos olvidarnos de que se recetan y expenden todos los días derivados del opio y opiáceos, por poner un ejemplo. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos: La producción Despenalización total del cultivo para autoconsumo. Cualquier persona podrá poseer la cantidad que desee de plantas de cannabis para su consumo o uso personal. En caso de querer hacer negocio a pequeño nivel con lo cultivado en su propia vivienda o finca, debería ser siempre bajo la advertencia de que se trata de plantas cultivadas por sí mismo y dicha actividad deberá armonizarse (siempre que sea una actividad económica y no de intercambio) con el resto de actividad de autónomos, penalizándose en todo caso la actividad económica no regulada, pero no el cultivo. En caso de terrenos de cultivo superiores a 25 m2, el dueño deberá notificar a la autoridad competente (guardia civil) de su cultivo, para las precauciones necesarias en caso de incendio. 5.-­‐ Especialización del cultivo La producción debe estar controlada desde los organismos públicos de Sanidad y de Industria. La planta puede cultivarse para la fabricación textil, pero las semillas para la fabricación de fármacos o consumibles. Esto debe estar acreditado desde la compra de semillas hasta la venta del producto cultivado. De este modo, la presión fiscal siempre será la adecuada y la cepa cultivada podrá analizarse en función a su utilidad final. Estará prohibida la venta y distribución no especificada en el tipo de cultivo y el autoconsumo de los trabajadores o dueños de la plantación, para evitar el menudeo o el consumo de productos que no cumplan la función esperada. 6.-­‐Vigilancia aduanera Se buscará una absoluta armonización entre las leyes de exportación e importación con respecto a otros países en que sea legal la producción o consumo de productos derivados de cannabis, tanto con respecto a los productos elaborados como a las semillas o la planta recolectada y sus componentes. Es decir: no estará prohibida la exportación e importación, pero estarán reguladas bajo las premisas de los ministerios de Sanidad, Hacienda y de justa competencia. 7.-­‐Transporte, recogida y empaquetamiento Se debe adecuar a los estándares de transportes de mercancías peligrosas en función del tipo de producto que se esté transportando, si son semillas, troncos, etc, tanto de productos elaborados como de producto no elaborados. Los medios de transporte deben ser adecuados en cuanto a seguridad, ventilación, etcétera. La recolección y empaquetamiento también debe cumplir los estándares adecuados de seguridad para evitar cualquier riesgo de intoxicación inmediata o acumulada. 8.-­‐Elaboración y venta Productos farmacológicos: Dependiendo de los efectos buscados se permitirán la fabricación de productos adecuados en formato y dosis, al efecto beneficioso que se busque, con todas las garantías farmacológicas y de Sanidad. Estos efectos y los posibles efectos adversos quedarán perfectamente reflejados en el prospecto del producto, y solo podrán dispensarse en farmacias y con receta médica cuando así lo considere el Ministerio de Sanidad. No serán considerados productos propios de herboristerías o tiendas de remedios naturales. Productos de consumo: habrá dos tipos de productos de consumo privados del cannabis: los monodosis y los ingredientes. Los monodosis serían cigarrillos, chicles o cualquier otra presentación monodosis en la que estén perfectamente indicados sus efectos. Podrán ser puestos a la venta en estancos y en tiendas especializadas. Los ingredientes solo podrán ser puestos a la venta en tiendas especializadas (a las que se les permite también comercializar los productos monodosis). Se trata de ingredientes con los que se pueden elaborar consumibles como cigarrillos, pasteles, etc. Elaboración de productos monodosis: Deberá llevarse a cabo en instalaciones y con medios que aseguren la no existencia de trazas en otros productos que no deban poseer ningún resto de cannabis. Tiendas especializadas: Los dependientes y dueños de tiendas especializadas deben pasar un curso sobre los productos que van a poner a la venta. Las licencias de apertura irán en función de la cantidad de tiendas del mismo tipo que haya en la zona y con el criterio de que no estén cerca de colegios, institutos y centros de ocio familiar. Las licencias solo requerirán tramitación y tendrán un coste lo más asumible posible para que se incentive la iniciativa y el autoempleo. Los cursos también tendrán precios estandarizados asequibles y no será necesario tramitarlos a través de academia. El objetivo es que el dependiente sea capaz de asesorar al comprador sobre dosis y elaboración de los productos para un consumo responsable, y sobre el modo de actuar en caso de una mala reacción o un exceso en la ingesta. Estas tiendas están obligadas a soportar la publicidad informativa que los organismos públicos tengan a bien distribuir en cada momento. Tendrán las mismas restricciones horarias que para la venta de bebidas alcohólicas, en caso de existir dichas restricciones. Tendrán permiso para vender otros productos relacionados con el consumo de cannabis y textiles del cáñamo, pero nunca fármacos. 9.-­‐Consumo responsable y uso consciente Pérdida de facultades: Se mantienen las restricciones en materia de conducción y manejo de maquinaria pesada, y cualquier otra actividad que pueda entrañar un riesgo para uno mismo o para terceros, dejando estas medidas tanto para la DGT como para las autoridades laborales pertinentes. Sin embargo, se detendrán los controles de carretera en materia de THC, hasta que no se encuentre un test inmediato que detecte si se conduce bajo los efectos de dicha sustancia, y no si se ha consumido recientemente. Se retirará el cannabis de la lista perseguida en los controles realizados con Drug Test 5000 de forma inmediata. Según la ONU en España entre el 13% y el 15% de la población es consumidora. Supuestamente según la DGT los accidentes producidos por los consumidores nos genera un gasto de 1,4 millones anuales pero sin embargo gastamos casi 23 millones entre campañas y mantener los dispositivos en operatividad, siendo una medida nada más que recaudatoria y más según los últimos estudios publicados por el Homónimo de la DGT en EEUU, la AAA que determinan los efectos en la conducción a casi 0. Optamos por otros tipos de controles más reales con la sociedad como el sistema TAC (Test de Aptitud a la Conducción), donde se miden las aptitudes para la conducción tras realizar un corto test en un simulador y no por encontrar rastros de 1ng/ml de saliva que solo identifican que han estado en contacto con la sustancia (incluso 3 meses después de su consumo) pero no mide sus efectos en el organismo, ni sus efectos al volante. Esta medida creará mayor protección jurídica tanto a las administraciones, como a la ciudadanía que no se verán presa del afán recaudatorio, separando un uso responsable y consciente del que no. Protección demenores: Tendrá las mismas restricciones que el tabaco en cuanto al consumo de productos fumados, añadiéndose la prohibición de consumirlo en presencia de menores incluso en espacios abiertos que sean susceptibles de ser visitados por menores, tales como parques, afueras de los colegios e institutos, etc. Concienciación sobre el producto: Se establecerá una campaña de información ciudadana, basada en datos objetivos tanto de los beneficios como de los perjuicios del cannabis, por parte de las autoridades sanitarias y de la DGT. Recetas y vademécuns: Un comité de expertos establecerá las circunstancias en que sea recomendable la prescripción de estos productos farmacológicos y se incluirá la descripción necesaria en los vademécum. 10. Igualdad Legalización del Cannabis, con la finalidad de desarticular la economía sumergida de las mafias, como locomotora laboral y medioambiental, tanto a nivel nacional como internacional El consumo de cannabis es algo habitual para una gran parte de la ciudadanía. Las desigualdades son latentes estigmatizando a las personas consumidoras, mientras las redes internacionales del narcotráfico y el terrorismo ven como se incrementa su financiación; capaces de distribuir en menos de 24h en cualquier punto del país. Esta persecución al consumo del Cánnabis, es un gran atentado a los derechos de las personas que siguen ocurriendo hoy en día. Miles de ciudadanos en cárceles, por un fraude a la administración por la venta ilegal, tenencia o cultivo, llenando los presidios de simples peones en una guerra absurda que solo favorece el enriquecimiento de las grandes redes de distribución mafiosas. Venta siempre voluntaria y sin obligación. La hipocresía de una sociedad, que mira a otro lado, sabiendo que solo sirve para mantener un comercio ilegal paralelo, no deja nada más al estado que una larga factura en presidios y dispositivos, sin afectar de forma real la raíz del problema. Todo por una planta con miles de años, de uso y sin ninguna muerte asignada por su consumo, que tras el descubrimiento del Nylon fue siendo prohibida en todos los países, de la mano de EEUU. Una planta que gracias a sus mil usos, nos puede abastecer de biodiesel o frenar terrenos y montes yermos y desolados por distintas erosiones aparte de sus capacidades de fitorremediación entre alguna de sus cualidades que ya se están usando en otros países dentro y fuera de la EU. 11. Libertades Regularización de los clubes sociales cannábicos (CSC) y legalización del Cánnabis terapéutico Esta propuesta NO contiene la legalización del consumo en lugares o vías públicas, así como tampoco permite el ánimo de lucro en ninguna actividad relacionada con el cannabis, buscando así un consenso entre la mayoría de la ciudadanía. Esta propuesta pretende regular el vacío existente alrededor de los CSC, creando un marco legal y regulado de relación con las administraciones que aportaría seguridad jurídica a una realidad ya existente, así como dar vía libre a la investigación médica en torno al cannabis. Objetivos: •Minimizar los riesgos sociales y de salud, especialmente respecto al crimen organizado. •Proteger a los jóvenes mediante restricciones de edad y educación sobre la materia. •Maximizar los beneficios médicos y terapéuticos del cannabis, moviendo su desarrollo científico. •Promover la calidad y la salubridad del cannabis y sus derivados mediante controles. •Reflotar economía sumergida, con la consecuente recaudación de impuestos y creación de puestos de trabajo. Medidas: •Instar a las Comunidades Autónomas a crear una regulación propia de los CSC. •Legalización del estudio y uso medicinal del cannabis en todos sus aspectos. •Permitir el autoabastecimiento y el cultivo compartido, así como las cantidades que suponen consumo propio, entendiéndose siempre en un ámbito privado. •Creación de un protocolo específico para el transporte del cannabis desde el cultivo compartido hasta el local de la asociación, así como establecer un mínimo cuya posesión no sea multada. •Los CSC podrán crear entidades que los agrupen para la consecución de los intereses que les son comunes y su representación. •Las Administraciones Públicas promoverán la creación de órganos de colaboración entre aquéllas y los CSC o entidades que los representen.
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2016.11.07 20:06 359gcu SUBVENCIONES A LOS CONTRATOS // El PP olvida la ‘hucha’ de las pensiones: pide prorrogar la tarifa plana que ahonda el déficit de la Seguridad Social

http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/10/27/el_insiste_prorrogar_las_subvenciones_los_contratos_pese_agujero_700_millones_que_causan_las_cuentas_seguridad_social_56771_1011.html
Haciendo caso omiso a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), a los expertos, al Congreso e incluso al propio Gobierno, el PP vuelve a pedir la prórroga de las subvenciones a los contratos indefinidos. Ya lo hizo el pasado mes de abril, cuando la Cámara Baja rechazó una proposición de ley para ampliar cuatro años más la exención de 500 euros en las cuotas a la Seguridad Social a las empresas que firmen contratos indefinidos con sus trabajadores. Ahora, al filo de la formación del nuevo Gobierno, el PP vuelve a la carga, esta vez con una proposición no de ley, pero con idéntico objetivo: cuatro años más de exención para los contratos nuevos y para las conversiones de temporales en fijos.
El acuerdo de los expertos sobre la ineficacia de estos incentivos a la contratación, sobre todo cuando se aplican de forma generalizada, es general. Pero con el déficit de la Seguridad Social escalando hasta cifras récord, además, han saltado las alarmas sobre el agujero que las exenciones de cuotas hacen en las cuentas del instituto público. Este año, el desfase ascenderá a 18.000 millones de euros. Y el próximo, la hucha de las pensiones amenaza con quedarse a cero, tras haber sido casi vaciada para hacer frente a los pagos de las dos extras anuales durante los últimos cuatro años.
Lo destacan los sindicatos CCOO y UGT, también los partidos de la oposición. Incluso el mismo Ejecutivo eliminó casi todos nada más empezar la legislatura, en 2012. El decreto de 13 de julio que los suprimió situaba estos incentivos entre los gastos con “efectos más débiles” sobre los agentes económicos. Por tanto, debían desaparecer para reducir el déficit. El Gobierno se amparaba entonces en el criterio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios (Aeval). A su juicio, estos incentivos “no producen ningún efecto en el incremento del empleo ni en la disminución del desempleo”.
Sin embargo, el Gobierno los fue recuperando poco a poco, hasta convertirlos en una de sus medidas más publicitadas: las tarifas planas, primero de 100 euros y, desde 2015, de 500 euros en las cotizaciones por contingencias comunes. De hecho, ha quintuplicado la cuantía de las reducciones de cuota desde 2012. Entonces ascendieron a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,79 millones.
Lo que no quiere decir que el Gobierno no sea consciente del descosido que le está haciendo a las frágiles cuentas de la Seguridad Social. El Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo que el Ministerio de Empleo envió a la citada comisión parlamentaria apenas unos días antes de que se votara en el Congreso la proposición de ley del PP, el pasado abril, advierte de que los incentivos a la contratación “ponen en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y ayudas sociales–. Además de generar “efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”.
La Seguridad Social avisa
Existen dos tipos de incentivos para el fomento del empleo. Las reducciones de cuota –como es el caso de la exención de 500 euros–, que se cargan al presupuesto de la Seguridad Social, y las bonificaciones, que sufraga el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, por tanto, no suponen un recorte de ingresos para el sistema. Hasta 2015, la partida de las reducciones de cuotas era inferior a la de bonificaciones. Pero en los dos últimos ejercicios Empleo ha invertido la proporción y las reducciones suponen más de la mitad del presupuesto total de incentivos. De hecho, para este año han llegado a su máximo histórico: son el 56,2% de las subvenciones para fomentar la contratación.
En ese informe de abril, la Seguridad Social se enmendaba la plana a sí misma y en sus explicaciones a la Comisión del Pacto de Toledo reclamaba que las “futuras medidas” para el fomento del empleo se instrumentaran “por la vía de las bonificaciones y no por la de las reducciones, para no afectar gravemente a la viabilidad del sistema”. En caso contrario, advertía, “se experimentaría una importante rebaja de los ingresos que aumentaría su déficit y reduciría la garantía de la cobertura para las prestaciones contributivas”. También se mostraba partidaria de que tanto las bonificaciones como las reducciones de cuotas se sufraguen con cargo a la “fiscalidad general”, a los impuestos, en lugar de a los presupuestos de la Seguridad Social como ahora.
Pero el aviso ha caído en saco roto, porque no sólo el PP ha presentado una nueva proposición en el Congreso para prorrogar cuatro años más la subvención de cuotas a las empresas, sino que además la exención de 500 euros es una de las medidas incluidas en el pacto de investidura que Mariano Rajoy ha firmado con Ciudadanos. En 2014 el presidente presentó la tarifa plana de cotizaciones como una medida “coyuntural, urgente y excepcional”.
Airef: la culpa es de las tarifas planas
También ha hecho oídos sordos el Gobierno a las contundentes advertencias de la Airef. En un informe de septiembre de 2015 la Airef culpaba a las tarifas planas de la “limitada” mejora de los ingresos de la Seguridad Social y del lento crecimiento de la recaudación. Ésta aumentó el ejercicio pasado sólo un 1,3%, muy por debajo de la previsión del Gobierno, que presupuestó un alza del 6,8%. Para este año, el Ejecutivo calculó un crecimiento parecido, el 6,7%, pero hasta el 30 de septiembre el ingreso de cotizaciones sólo ha aumentado un 2,84%.
La Airef cifra en un 0,14% del PIB en 2015 y un 0,19% en 2016 el impacto de las reducciones de cuotas en las cuentas de la Seguridad Social; es decir, casi en 3.700 millones de euros. A esa cantidad habría que añadir la correspondiente a las bonificaciones, las cuotas que no pagan los empresarios pero el SEPE abona a la Seguridad Social: un 0,13% del PIB en 2015 y un 0,14% en 2016, otros 3.000 millones de euros.
Un año más tarde, la Airef volvió a analizar los números de la Seguridad Social y se felicitaba por el crecimiento de la recaudación de cuotas, que atribuye “en parte al agotamiento de las reducciones y bonificaciones”: la exención de 500 euros en lasa cotizaciones dejó de estar vigente el pasado mes de agosto. Aun así, el alza de los ingresos por cuotas, alerta el nuevo informe de julio de este año, será “insuficiente” para cumplir el objetivo de déficit. Para alcanzarlo, explica, las cotizaciones deberían crecer un imposible 9%, el triple de lo que han aumentado en los nueve primeros meses de 2016. Hay que recordar que el empleo, medido como afiliaciones a la Seguridad Social, subió un 3,1% en 2015 y este ejercicio estará en una cifra similar.
660.000 contratos indefinidos gracias a los incentivos
A la exención de cuotas puede acogerse cualquier empresa, no importa el tamaño o el sector. Al firmar un contrato indefinido con un trabajador o transformar el de un empleado temporal en fijo, la empresa no debe de pagar los primeros 500 euros de cotizaciones por contingencias comunes durante 24 meses. Si tiene menos de 10 trabajadores, durante 12 meses la exención será de 250 euros. La empresa debe comprometerse a mantener el empleo durante tres años. Si despide, tiene que pagar las cuotas de las que en principio quedó eximido. Para la tarifa plana de 100 euros, que estuvo vigente entre marzo de 2014 y marzo de 2015, el Gobierno destinó una partida de 1.855 millones de euros. Para la de 500 euros, otra de 2.100 millones. Sumándoles las cantidades presupuestadas para bonificaciones de cuotas entre 2014 y este año, 4.357 millones de euros, los incentivos a la contratación han costado un total de 8.312 millones.
No es una cifra pequeña si se tiene en cuenta que el Gobierno prevé terminar este año con un déficit de 18.000 millones de euros en la Seguridad Social, el más alto de su historia. Hasta el 30 de septiembre, el desfase se ha disparado un 10,5% respecto al año anterior.
A cambio de esa cuantiosa inversión, el Ministerio de Empleo dice que 660.000 trabajadores han conseguido un contrato indefinido: 341.947 gracias a la tarifa plana de 100 euros y 317.989 gracias a la exención de 500 euros. Por establecer una comparación, cada mes se firman en España 1,7 millones de contratos temporales. En todo el año 2015 se registraron 17 millones de contratos temporales. Desde 1984 éstos nunca han bajado del 90% de los contratos. Y ha habido grandes planes de subvención de cuotas desde los años 90.
Escasos efectos, sólo en colectivos muy concretos
Además del estudio clásico elaborado por el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares Luis Toharia en 2007, otro de la catedrática de la Universidad del País Vasco Sara de la Rica para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) confirma los “escasos efectos” de los incentivos a la contratación. Para empezar, De la Rica destaca el elevado porcentaje de fondos que España dedica a estas subvenciones de cuotas, que llegan a representar hasta el 40% del presupuesto destinado a las llamadas políticas activas de empleo. De hecho, es de los países de Europa que más dinero destinan a esta herramienta.
La experta reproduce las conclusiones de estudios anteriores que coinciden igualmente en que sólo consiguen un aumento de la contratación en colectivos muy definidos, y aun así en porcentajes poco significativos: en menores de 30 años o en mujeres de mediana edad. También detalla De la Rica los efectos perversos de estas medidas: de desplazamiento, de peso muerto y de sustitución.
Es decir, se contrata a unos trabajadores a expensas de otros, se contrata con el correspondiente incentivo a alguien a quien se hubiera contratado aunque no existiera la subvención, o bien el empresario tiende a sustituir a un trabajador a quien ha contratado sin tarifa plana por otro cuyas cotizaciones le cuestan menos. Además, el estudio de Toharia descubrió que el contrato del trabajador subsidiado tendía a durar sólo el tiempo que a la empresa le duraba la subvención. Un análisis que aún queda por hacer en el caso de estos dos últimos años de incentivos.
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2016.08.24 18:27 EDUARDOMOLINA Las razones por las que fracasa el sistema de pensiones modelo de los liberales. Cientos de miles de chilenos piden en la calle las pensiones dignas. Las entidades privadas que gestionan el sistema pagan en pensiones menos de la mitad de lo que ingresan en cotizaciones.

Begoña P. Ramirez
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/08/24/las_razones_del_fracaso_del_sistema_pensiones_privadas_obligatorias_chilenas_53846_1011.html
"En 2025 se jubilarán los primeros chilenos que comenzaron a trabajar y a cotizar en exclusiva para el sistema de pensiones instaurado por el general Pinochet en 1981. Pero ha sido este año, pese a que la polémica a su costa ha sido recurrente desde que fue creado, cuando ha estallado la indignación de los chilenos contra el modelo de ahorro, privado, obligatorio y de capitalización que con frecuencia se ofrece como referencia para resolver los problemas de los sistemas públicos de pensiones como el español. Cientos de miles de chilenos salieron a las calles el pasado domingo para exigir pensiones dignas. Ya lo habían hecho el 24 de julio y amenazan con un paro nacional el 4 de noviembre si el Gobierno no atiende sus reclamaciones.
Porque, pese a que la presidenta Michelle Bachelet creó una comisión –la Comisión Bravo– para estudiar la reforma del sistema, y ésta entregó su informe en septiembre de 2015, nada se ha movido desde entonces. En 2008 fue también Bachelet quien promovió una primera reforma del modelo de Pinochet, que se ha revelado insuficiente. No tocaba la esencia del sistema.
Según las cifras de la Superintendencia de Pensiones, el organismo público encargado de vigilar y auditar el sistema, la pensión media de jubilación en Chile es sólo de 255 euros al mes, el 78% del Salario Mínimo, que asciende a 325 euros. El informe de la Comisión Bravo calcula que el 79% de las pensiones chilenas son inferiores al salario mínimo y el 44% están por debajo del umbral de pobreza. Si se consideran sólo las pensiones de jubilación, el 91% no llega a los 210 euros mensuales.
Para hacerse una idea del escaso volumen de la prestación basta con fijarse en la tasa de reemplazo –el cociente entre el último salario y la primera pensión–, que es sólo del 34% –el 48% para los hombres y el 24% para las mujeres–. El informe también hace una proyección de cuál será la pensión de quienes dejen de trabajar entre 2025 y 2035. La mitad de ellos cobrarán sólo el 15% de su último sueldo. En España, la tasa es del 82%, una de las más elevadas del mundo. La media de la UE alcanza el 59%.
El sistema chileno es totalmente privado. Los trabajadores pagan un 10% de su sueldo a unas entidades financieras denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En su momento llegaron a ser 21, pero hoy únicamente operan seis. No sólo les ingresan sus cotizaciones, sino que también les pagan comisiones por la gestión de los fondos en que las invierten. La cotización es obligatoria para todos los asalariados. Desde 2015, también para los autónomos. Pero están excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de la Gendarmería, que tienen su propio sistema y con pensiones más elevadas.
A diferencia del resto de los modelos, en el chileno sólo cotiza el trabajador, no la empresa. Chile es el único país de la OCDE en que el empleador no paga cuota. Existen cinco tipos de fondos, del más conservador al más arriesgado, en el que los chilenos pueden invertir sus cotizaciones. Cada uno puede elegir dos de ellos.
Escasa rentabilidad... para el trabajador
Así, todos los trabajadores tienen su propia cuenta individual, cuyo monto es invertido por las AFP sólo en grandes empresas y bancos –la ley les prohíbe hacerlo en pymes–. Según la Fundación Sol, una institución sin ánimo de lucro que realiza estudios sobre el mercado laboral chileno, las AFP invierten más de 27.400 millones de euros en 10 bancos. El tejido empresarial del país, destaca, se ha financiado durante los últimos 35 años gracias a los ahorros de los chilenos, en lo que la fundación califica como una “inyección de capital permanente, cautiva y de bajo coste”. Para los defensores del sistema, en cambio, esas inversiones han sido el motor del desarrollo económico del país.
Sin embargo, la rentabilidad de esas inversiones no ha sido la esperada por –y prometida a– los trabajadores cuando en 1981 Pinochet acabó con el sistema de reparto existente para reemplazarlo por el que diseñaron los discípulos de Milton Friedman en la Escuela de Chicago. La Fundación Sol cifra en un 26% la rentabilidad media anual de las AFP durante los últimos 20 años. En 2015 estas entidades tuvieron unos beneficios de 2,10 millones de euros al día. Buena parte de ellos proceden de las comisiones que cobran a los chilenos, muy por encima, aseguran los investigadores, de los costes reales de gestión.
En contraste, la rentabilidad de cada cuenta individual es mucho menor. Se mide con la denominada Tasa Interna de Retorno (TIR) que es sólo del 3% para las mujeres y del 3,1% para los hombres –a las mujeres se les penaliza a la hora de calcular la pensión por su mayor esperanza de vida; además se jubilan antes, a los 60 años, mientras que los hombres lo hacen a los 65–. Si se excluyen las comisiones, la TIR se eleva al 5,4% en ambos casos.
Los salarios en Chile son bajos; por tanto, también las cotizaciones, pero la fundación no cree que ése sea el problema de las pensiones insuficientes devengadas por el actual sistema. Según los cálculos de la fundación, cada mes las AFP ingresan 673 millones de euros en cotizaciones de los trabajadores, pero sólo pagan 269 millones en pensiones, menos de la mitad. Con la diferencia entre una cantidad y otra, concluye la fundación, se podría pagar pensiones mayores e incluso nutrir un fondo de reserva.
Dos AFP son de propiedad estadounidense
Por el contrario, el negocio lo hace las seis entidades financieras que gestionan el sistema privado. En total, las seis AFP administran casi 148.000 millones de euros, lo que equivale al 70% del PIB chileno. Los 10,1 millones de afiliados pagan cotizaciones, no al Estado, como es el caso de España, sino a Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital y Provida. Esta última es la que suma el mayor número de afiliados, el 32%. Pertenece a Metlife, la primera aseguradora de EEUU, que se la compró al BBVA en febrero de 2013 por 1.362 millones de euros.
Le sigue Habitat, con el 20% de los afiliados. Su dueño es la Cámara Chilena de la Construcción, la patronal del ladrillo. La dueña de Capital es el grupo colombiano Sura. Modelo nació en 2010, ofrece pensiones a los nuevos afiliados al sistema y entró en el mercado ofreciendo las comisiones más bajas. Es propiedad de Inversiones Atlántico, creada por un empresario chileno próximo al expresidente conservador Sebastián Piñera. Planvital pertenece a Asesorías e Inversiones Los Olmos, un grupo chileno que, según el diario digital El Mostrador, es controlado por un fondo, Atacama Investments, constituido en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Finalmente, el 97,97% de Cuprum corresponde a otra compañía de EEUU, Principal Financial Group.
El Santander tuvo su propia AFP, Bansantander, y, como queda dicho, el BBVA era dueño de la principal entidad gestora de pensiones hasta 2013. Ambos poseen ahora pequeños porcentajes de Planvital, Provida, Cuprum y Habitat, de acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia de Pensiones.
Las reformas del sistema
Debido a la insuficiencia del modelo, la reforma de 2008 creó una pensión no contributiva que paga el Estado, la Pensión Básica Solidaria: 120,85 euros al mes, que cobra el 60% más pobre de la población. El Estado chileno paga 131,9 millones de euros al mes por este concepto a un total de 1,35 millones de personas. También se estableció un Aporte Previsional Solidario (APS), al modo de lo que en España se conoce como complemento de mínimos, que completa hasta los 442 euros la pensión de quien no haya cotizado lo suficiente. Además, empezaron a aplicarse incentivos para que coticen más las mujeres y los jóvenes y las empresas empezaron a pagar el seguro de invalidez y supervivencia.
Las propuestas para la nueva reforma transmitidas por la Comisión Bravo a Bachelet son ahora más ambiciosas. Los expertos que la integran piden que se cree una AFP estatal, y se aumente de forma significativa la cuantía de la Pensión Básica Solidaria y se universalice. Quieren que ésta se financie con impuestos y con una nueva cotización del 2% a cargo de la empresa. La empresa deberá además pagar otro 2% para las cuentas individuales de los trabajadores. También reclaman medidas para reducir las comisiones de las AFP privadas. Y no sólo equiparar la edad legal de jubilación de hombres y mujeres, sino también que se apliquen tablas de mortalidad idénticas para ambos sexos.
En cualquier caso, la comisión no excluyó entre sus propuestas la más radical, sustituir el modelo de ahorro privado obligatorio por uno de reparto, “con una pensión mejor, definida, de por vida y no discriminatoria”. Como el español.".
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2016.07.29 10:32 EDUARDOMOLINA Echenique no estaba obligado a pagar la Seguridad Social de su asistente, según Rafael Gómez Gordillo, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Pablo de Olavide.

http://ctxt.es/es/20160727/Politica/7512/Echenique-asistente-pago-Seguridad-Social-infraccion.htm
"Si usted ya ha decidido prescindir de la legislación aplicable para imputar la comisión de una falta administrativa al secretario de Organización de Podemos no le recomiendo que continúe leyendo este artículo, no es mi deseo estropearle el “escándalo” de la semana. Vaya por delante que en materia de líderes políticos considero hipócrita toda suerte de superior exigencia de respeto de las normas. En un Estado de Derecho el cumplimiento del ordenamiento jurídico debe ser objeto de exigencia a toda la ciudadanía, sin que quepa la invocación de privilegio alguno.
En nuestro país la batalla debería centrarse en lograr que las personas que nos representan cumplan con sus obligaciones sin matices, es por ello que debe rechazarse el establecimiento de una gradación de normas a incumplir por los distintos colectivos que integran la ciudadanía. Tampoco alcanzo a comprender el marco temporal durante el que resulta exigible ese plus de rigor, que en ocasiones se extiende a momentos previos al inicio de la vida pública del personaje. A pesar de ello, reconozco que existe un cierto nivel de consenso en reclamar a estas personas una rectitud de conducta que no exigimos a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos y tampoco a nosotros mismos.
En esta ocasión, he renunciado a analizar la situación de abandono en la que se encuentra el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la actualidad, tras la operación de derribo a la que ha sido sometido por las políticas de austeridad, porque esta cuestión merece una reflexión más profunda y porque mi intención no es justificar el incumplimiento de una norma por razones de imperiosa necesidad. Me limitaré a analizar los datos ofrecidos por el Sr. Echenique para evaluar jurídicamente su conducta, sin perjuicio de lo cual si en un futuro apareciesen nuevos hechos o alguno de los tomados como ciertos perdiesen dicha condición, obviamente me reservo la facultad de cambiar de opinión.
Pues bien, desde hace unos días y de forma más o menos velada, se acusa al Sr. Echenique de haber cometido varias infracciones tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. De un lado, según cabría desprender de lo publicado en algunos medios, habría eludido la obligación de formalizar por escrito un contrato de trabajo, infracción que el art. 7.1 LISOS considera grave. De otro lado, habría incumplido la obligación de ingresar las cuotas correspondientes y la obligación de solicitar el alta de la persona que prestaba servicios, infracciones tipificadas como graves en los apartados 2 y 3 del art. 22 LISOS. De esta forma, el Sr. Echenique podría haber cometido al menos dos infracciones graves, que obligarían a la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social a iniciar un procedimiento sancionador.
Dicho procedimiento, si se acreditaran todos los elementos del tipo administrativo, podría finalizar con la imposición de sendas sanciones de 626 a 6.250 euros la primera, y la segunda con multa del 50 al 100% del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 40 LISOS. Así planteada la cuestión parece simple, pero como veremos inmediatamente el caso no está exento de complejidad porque las obligaciones a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, únicamente nacen si la persona contratada como asistente prestó una relación de servicio por cuenta ajena, a la que por tanto le sería aplicable la normativa laboral. Con los datos conocidos resulta bastante dudoso que el Sr. Echenique tuviese obligación de contratar laboralmente a esta persona y mucho menos de cotizar por la prestación de servicios que como asistente realizaba para éste.
Resulta bastante dudoso que el Sr. Echenique tuviese obligación de contratar laboralmente a esta persona y mucho menos de cotizar por la prestación de servicios que como asistente realizaba para éste
En primer lugar, el art. 8.2 ET establece la obligación de formalizar por escrito los contratos de trabajo por cuenta ajena cuando tengan duración determinada o sean a tiempo parcial. Si inicialmente el servicio de asistencia fue contratado con una empresa y con posterioridad el trabajador fue contratado directamente, sin cambiar la forma en la que se desarrollaban las tareas objeto de contratación, puede entenderse que no se modificó la naturaleza de la relación y, por tanto, si la relación no fue laboral en su inicio, tampoco existen indicios que permitan calificarla como laboral con posterioridad. Indicio de autonomía serían también la discontinuidad de la prestación de servicios, la escasa duración de la jornada y el que el asistente ofreciera sus servicios a otros clientes.
De esta forma, la relación entre el Sr. Echenique y la persona que lo asistía nunca estuvo bajo el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y, por ello, no se incurrió en las infracciones establecidas en la LISOS. Si, como parece, estamos ante una relación de trabajo autónomo, debe aplicarse la normativa específica contenida en el Estatuto del Trabajo Autónomo, cuyo art. 7 permite realizar los contratos de forma escrita o de palabra; esto es, ninguna norma obliga al Sr. Echenique y a su asistente a realizar contrato alguno por escrito. Con relación a las infracciones en materia de Seguridad Social, si la relación jurídica debe calificarse como un Arrendamiento de Servicios, el marco normativo aplicable es el que regula el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que, como es sobradamente conocido, impone la obligación de cotizar a la persona que lo realiza, nunca al cliente.
A pesar de lo dicho, podría también defenderse que este tipo de labores de cuidados se encuentran sin excepción incluidas en el art. 2.1.b) ET, y por tanto se trataría de una relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, desarrollada por el RD 1620/2011. Es cierto que el 1.4 de dicha norma considera incluidas en esta relación especial, entre otras, las que tengan por objeto el “cuidado y atención” de los miembros de la familia, si bien desde mi punto de vista una interpretación amplia de estos términos podría resultar contraria al objeto de la norma.
A modo de ejemplo, dudo que la norma pretendiese considerar parte del servicio del hogar familiar a quienes vienen a casa a cuidar unas horas a nuestros hijos, los llamados “canguros”, a quienes nos brindan un masaje a domicilio, a quienes periódicamente vienen a nuestra casa a cuidar de nuestras caras o de nuestros pies, o a quienes realizan servicios de jardinería o de limpieza y mantenimiento de nuestra piscina. Todas estas personas realizan tareas de cuidado de algún miembro de la familia o de alguna de las partes del hogar, pero cuando como profesionales prestan servicios de forma ocasional y sin sometimiento a la subordinación o dependencia propia de la relación de trabajo, no creo que el legislador pretendiese obligar a quienes recibimos esos servicios a contratarlos laboralmente y a darlos de alta en la Seguridad Social.
En todo caso, si a pesar de lo dicho se concluye que la persona realizaba tareas que obligan al alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar, conviene tener presente que desde el 1 de abril de 2013, y en aplicación de lo dispuesto en el RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre, las personas que prestan servicio en el hogar durante jornadas inferiores a sesenta horas mensuales para un mismo titular deberán asumir las obligaciones con la Seguridad Social, si así lo acuerdan con el empleador o la empleadora. De haber sido así, debe entenderse que tampoco en este supuesto el Sr. Echenique habría incumplido sus obligaciones con la Seguridad Social.
Para concluir, con los datos que hasta la fecha conocemos, resulta más que arriesgado afirmar que se han producido incumplimientos legales en materia laboral o de Seguridad Social, y que, de haberse producido, se generaron lesiones de los derechos e intereses tanto de la persona que realizó la labor de asistente como del sistema de la Seguridad Social. Coincido con el Sr. Echenique en que es preciso revisar la regulación laboral y de Seguridad Social aplicable a las personas que realizan este tipo de servicios, muy necesarios en nuestra sociedad.
Por la vía de la contratación laboral a tiempo parcial, a pesar de las mejoras impuestas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sigue resultando muy complicado para personas que trabajan pocas horas a la semana acceder a las pensiones del sistema (jubilación, incapacidad permanente), tanto que en muchos casos estas personas y sus empleadores aportan cotizaciones a un sistema del que jamás podrán beneficiarse. Por la vía del trabajo autónomo, las limitadas posibilidades económicas de la mayoría de las familias que necesitan este tipo de servicios impiden a estos profesionales obtener ingresos suficientes para mantenerse al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. De una u otra forma es preciso reconocer que tenemos un problema, la relevancia pública de este caso debería ayudarnos a proponer soluciones viables."
Rafael Gómez Gordillo es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Pablo de Olavide.
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2016.06.04 12:07 EDUARDOMOLINA Nuevos impuestos o la Seguridad Social quebrará. Solo con nuevas formas impositivas, por ejemplo, sobre el sector financiero, o impuestos específicos que recaigan en las rentas más altas que son las que pueden ahorrar, será viable la financiación del sistema público de pensiones.

Por Alejandro Inurrieta
http://iniciativadebate.org/2016/06/02/nuevos-impuestos-o-la-seguridad-social-quebrara/
"El debate estrella de esta campaña electoral, pero también en el futuro inmediato será, sin duda, el futuro de la Seguridad Social. No hay que olvidar que el Fondo de Reserva está próximo a ser vaciado, algo que estaba previsto, aunque más adelante, por lo que necesitaremos fuentes de financiación alternativa si queremos seguir pagando las pensiones a nuestros mayores, especialmente las pagas extras.
La realidad actuarial del sistema público de pensiones sí que cumple la profecía autocumplida que llevan años lanzando los enemigos del sistema público: el sistema no es sostenible, algo en lo que coinciden los liberales más acérrimos, como personajes como Corcuera, tan de moda ahora para los medios de comunicación del espectro de la derecha y extrema derecha. Es decir, si tenemos en cuenta la pirámide de población y las expectativas de empleo, salarios y nuevos pensionistas, nos encontramos con un agujero patrimonial que se puede cuantificar en unos 17.000 millones de euros anuales, de forma estructural. Es decir, aquellos que siguen defendiendo el empleo precario y la deflación salarial, son los mismos que anuncian que es necesario hacerse un plan de pensiones privado, para así perder el escaso ahorro que algunos pueden atesorar tras pagar todas las facturas y comprarse la vivienda principal.
Un ejemplo lo tenemos en el año 2015, año en el que el empleo creció a un ritmo del 3%, según las estadísticas oficiales, pero la recaudación apenas se elevó en 300 millones de euros, lo cual revela la escasa sensibilidad de los ingresos por cuotas, al nuevo empleo que se crea. Esto tiene que ver, además, con la cada vez más plausible situación a futuro, que es el fin del mal llamado pleno empleo. La globalización económica, el proceso de declive industrial y el aumento de la inestabilidad en los servicios han dado lugar a profundos cambios en las estructuras del mercado de trabajo. Las pautas de empleo contemporáneo favorecen, por un lado, el crecimiento de ocupaciones profesionales y de alta cualificación, y por otro, el de trabajos precarizados y escasamente cualificados. En consecuencia, se ha producido una progresiva polarización entre las personas cualificadas y no cualificadas dentro de la segmentación de los distintos mercados de trabajo. Estos procesos han afectado principalmente a sectores urbanos e industriales. Por tanto, ya no se puede decir alegremente que solo con crecimiento y empleo, el sistema de pensiones será sostenible a medio y largo plazo.
El fin del pleno empleo y el desempleo masivo entre algunos sectores sociales han presionado sobre los sistemas de protección social, en general muy debilitados por las políticas de oferta impuestas por los grandes ideólogos: Reagan y Tatcher. Los estados del bienestar se han enfrentado al dilema de ofrecer una protección social igualitaria, basada en altas contribuciones, o incentivar la creación de empleo rebajando la presión impositiva. Ello ha otorgado al sistema asistencial mayor protagonismo para dar respuesta a las necesidades de quienes no trabajan estando en edad de hacerlo y están afectados por los cambios del mercado de trabajo y de las pautas familiares, creándose el caldo de cultivo social para el establecimiento de alguna fórmula de renta universal.
A la falta de sintonía con los nuevos sectores necesitados, hay que unir el brusco recorte y la orientación disciplinaria que han experimentado las políticas sociales tras la crisis fiscal de los estados occidentales y la influencia de los planteamientos neoliberales. En su mayor parte, la argumentación crítica neoliberal ha mantenido que las estructuras del bienestar son ineficaces para la dinamización del empleo y desincentivan la búsqueda activa de empleo. No hay que olvidar los mecanismos llevados a cabo en España, con un recorte de la cuantía y la longitud de las prestaciones contributivas, bajo el argumento de que eso activa la búsqueda de trabajo y no permite la relajación de los parados a la hora de tratar activamente de encontrar un puesto de trabajo. A pesar de haber tenido un éxito limitado, las propuestas de recorte han impregnado los discursos: privatización de los sistemas de protección, flexibilización de las cargas laborales y orientación de las prestaciones hacia necesidades específicas.
Con el fin del pleno empleo y la rebaja de las contribuciones, tanto, de hecho, como de facto a través de la deflación salarial, y sin solución a corto plazo de la pirámide poblacional, solo queda pensar en formulas impositivas específicas para financiar el desfase entre ingresos y gastos en el sistema público de pensiones. Una vez se desgajó de la Seguridad Social de la financiación de la sanidad, queda pendiente, como primer paso, una nueva separación de fuentes de financiación. Por ejemplo, las pensiones de viudedad, orfandad y los complementos a mínimos deberían salir de la caja única y pasar a ser financiadas por impuestos, como hacen otros sistemas. Pero, además, como ha propuesto con acierto el PSOE, urge la creación de figuras impositivas específicas y finalistas que financien el sistema público de pensiones, como tienen los franceses. En Francia, existen contribuciones especiales que gravan diferentes servicios y actividades, como el propio sistema financiero, que sirven para sufragar de forma específica el sistema público de pensiones. Gracias a esto y a una política de natalidad estructural, Francia decida al pago de pensiones más del 13% del PIB, lo cual se explica también porque tienen una edad de jubilación más temprana.
El gasto total en pensiones ha venido creciendo de forma notable durante los últimos años en España, a pesar de las continuas medidas de control del gasto que han llevado a cabo, tanto los gobiernos de Zapatero, como los de Rajoy. Las últimas cifras, en datos homogéneos SEEPROS, indican que España dedica casi un 11% del PIB al pago de pensiones, y en las proyecciones de la CE, este gasto podría llegar al 14%, superior a la media de la UE-27. Esta presión del gasto, y los problemas de ingresos, seguirán presionando a los diferentes gobiernos para mantener la política de recorte de la pensión media, y de la elevación de la edad de jubilación. Ahondando aún más, las cotizaciones sociales han perdido peso respecto al PIB (-0,45%). Esto se debe a que la cotización media ha bajado más que la productividad por afiliado (-0,05%).
En resumen, solo con nuevas formas impositivas, por ejemplo, sobre el sector financiero (transacciones financieras o alguna figura similar), o impuestos específicos que recaigan en las rentas más altas que son las que pueden ahorrar, será viable la financiación del sistema público de pensiones. El basar toda la esperanza en el empleo y el crecimiento, como el PP y Ciudadanos, solo buscan engañar a la población y no entrar en el verdadero problema. A largo plazo, las políticas de natalidad y la inmigración pueden remediar el grave problema de sostenibilidad. Por el otro lado, también se puede reducir la esperanza de vida, minando el sistema público de salud, elevando el copago farmacéutico y de dependencia a los percentiles de renta más bajos. Tal vez, en eso estén pensando algunos."
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2016.05.30 10:55 EDUARDOMOLINA El Gobierno de Rajoy genera en la Seguridad Social un agujero de más de 60.000 millones en cinco años. La precariedad de los sueldos y las exenciones de cotizaciones impiden cubrir el alza en el número de pensiones. PODEMOS NECESITA EL VOTO DE LOS MAYORES PARA GANAR.

Por Begoña P. Ramirez
http://www.infolibre.es/noticias/economia/2016/05/26/rajoy_generado_agujero_seguridad_social_000_millones_euros_cuatro_anos_50258_1011.html
"La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo advirtió en su informe del pasado mes de abril: la Seguridad Social va a incumplir de nuevo este año el objetivo de estabilidad presupuestaria, con una desviación aún mayor que la de 2015, de siete décimas del PIB. Entonces cerró con un déficit de 13.592 millones de euros; este año puede superar los 15.000 millones. Una cifra récord desde que la Seguridad Social se hundió en los números rojos, en 2011. Ese año, el déficit era sólo de 995 millones, un 0,09% del PIB. En 2012, la caída fue abrupta: 10.131 millones de euros. Y desde entonces no se ha descabalgado de los cinco dígitos, superando el 1% del PIB.
Desde que gobierna Mariano Rajoy, el agujero de la Seguridad Social alcanzó los 47.781 millones de euros en cuatro años. A ello hay que sumar los más de 15.000 millones que los expertos prevén para 2016, con un presupuesto también aprobado por el PP. En total, se superarán de forma clara los 60.000 millones en cinco años.
En 2012 y 2013, la recesión económica y el hundimiento del mercado laboral dejaron en cueros la cuenta de ingresos de la Seguridad Social. Desde 2008 perdió casi 3,2 millones de cotizantes: en enero de 2014 alcanzó un mínimo de 16,17 millones de afiliados. En ese momento, la tendencia se invirtió. Y, a partir de entonces, la recuperación económica, que hace crecer el PIB a un ritmo del 3%, ha devuelto a los registros de cotizantes a casi 1,3 millones de personas. Sin embargo, la Seguridad Social no sólo no ha frenado el déficit, sino que lo ha agravado. Aun así, el Gobierno sigue fiando la cura del desfase de cuentas en la Seguridad Social únicamente al aumento del empleo.
“En los próximos años, nuestro modelo es financiar las pensiones con la creación de empleo”, insistió la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el pasado viernes. “Si esto se hace así, se hace bien, y llegamos a nuestro objetivo de 20 millones de personas trabajando en esta legislatura, puede hacerse sin subir los impuestos como reclama el PSOE y comparte Podemos”, abundó.
El caso es que el Ejecutivo reconoce que la Seguridad Social tiene una “dinámica propia en evolución de ingresos y gastos públicos”. Lo hace en la actualización del Programa de Estabilidad que acaba de enviar a Bruselas. En el documento repite la medida que ya incluyó en la Ley de Presupuestos del Estado de este año: proponer al Pacto de Toledo –la comisión parlamentaria que vela por las pensiones públicas– que estudie convertir las prestaciones de viudedad y orfandad en pensiones no contributivas; es decir, que se paguen con impuestos, y no con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social como hasta ahora. Una idea que ya apuntó el pasado mes de agosto el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.
Así, por primera vez, se plantea actuar por el lado de los ingresos, en lugar de los gastos, donde hasta el momento el Gobierno ha puesto el foco, recortando las pensiones e intentando reducir el número de pensionistas, al retrasar y dificultar el acceso a la jubilación.
Sueldos devaluados, empleos precarios
En efecto, los números rojos de la Seguridad Social se han desbocado por el desplome de los ingresos. En su Programa de Estabilidad el Gobierno no se cansa de aludir a la “favorable coyuntura económica” y al “contexto de creciente dinamismo de la actividad económica”. Pero lo cierto es que el aumento del número de cotizantes ha sido insuficiente para paliar el déficit, ni siquiera después de las medidas que el Gobierno adoptó en 2013 para limitar la revalorización anual de las pensiones –antes ligada a la inflación– y endurecer el acceso a la jubilación.
De hecho, la debilidad de los ingresos de la Seguridad Social se ha convertido en la prueba del algodón de la precariedad laboral y la devaluación de los salarios. El modelo elegido por el Gobierno para salir de la crisis –empleo temporal, a tiempo parcial, con sueldos raquíticos– se traduce en bases de cotización bajas. “Aunque la recuperación es bastante intensa en empleo, la dinámica de los salarios atenúa el crecimiento de la base de cálculo sobre la que gira la recaudación de las cotizaciones sociales”, explica la AIReF en su último informe.
El organismo recrimina al Ejecutivo por sus “poco realistas previsiones” en materia de ingresos por cotizaciones: para este año calcula que aumentarán un 6,7%; la AIReF, por el contrario, asegura que no superarán el 3%, menos de la mitad. En 2015, los ingresos por cotización sólo subieron un 1,7%, pese a que el número de afiliados creció casi el doble, un 3,2%. Y este año todas las previsiones apuntan a que el crecimiento de la economía y del empleo, por tanto también de las cotizaciones, no alcanzarán esos porcentajes.
Hay una segunda razón para que no despeguen las cotizaciones. También los desempleados que cobran la prestación contributiva pagan su cuota a la Seguridad Social. El problema es que éstos cada vez son menos debido a la cronificación del paro: las prestaciones contributivas se pueden percibir durante un máximo de dos años; pasado ese plazo, se empiezan a cobrar los subsidios, que no cotizan. Y hay que recordar que 1,4 millones de personas llevan más de tres años sin trabajar, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro de muy larga duración –más de dos años sin empleo–, se ha disparado desde 2012 un 33,4%. Además, el Gobierno recortó un 10% la cuantía de la prestación contributiva que se cobra a partir del sexto mes; por tanto, también la base de cotización.
El 'agujero' de las tarifas planas
Además, hay un tercer factor que deja coja la cuenta de ingresos: las tarifas planas de cotizaciones. Nada más llegar al Gobierno, el PP suprimió la mayor parte de las exenciones de cuotas de las que se beneficiaban las empresas a la hora de contratar trabajadores. Los expertos, también el Ejecutivo, estaban de acuerdo en que no son eficaces cuanto más amplio es el abanico de beneficiados. Pero el Ministerio de Empleo los fue recuperando poco a poco hasta multiplicar su número. Primero fue una tarifa plana de 100 euros que después pasó a 500 euros por contrato indefinido. Desde 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy ha quintuplicado la cuantía de estas reducciones de cuota. Hace cuatro años ascendían a 441,7 millones de euros; para este año la Seguridad Social ha presupuestado 2.100,7 millones.
Existen dos tipos de incentivos para el fomento del empleo. Las ya citadas reducciones de cuota, que se cargan al presupuesto de la Seguridad Social, y las bonificaciones, que sufraga el Servicio Público de Empleo Estatal y, por tanto, no suponen un recorte de ingresos para el sistema. Hasta 2015, la partida de las reducciones de cuotas era inferior a la de bonificaciones. Pero en los dos últimos ejercicios, Empleo ha invertido la proporción y las reducciones suponen más de la mitad del presupuesto total de incentivos. De hecho, para este año han llegado a su máximo histórico: son el 56,2% de las subvenciones para fomentar la contratación.
La AIReF, una vez más, advierte al Gobierno de que las tarifas planas tendrán “un mayor impacto [en las cuentas de la Seguridad Social] en 2016 que en 2015”, puesto que de equivaler al 0,15% del PIB pasarán a costar a las arcas públicas un 0,19%.
El gasto en pensiones crecerá un 2,9%
Pues bien, frente a unos ingresos congelados, los gastos del sistema mantienen un crecimiento sostenido, que el Gobierno cifra en un 3,1%. A la AIReF le parece acertado el cálculo oficial, que prevé un aumento del 2,9% sólo en el capítulo de las pensiones. A su juicio, es el resultado de que se haya “moderado el aumento del número de pensiones” y aplicado el Índice de Revalorización de Pensiones, que limita a un 0,25% la subida anual de estas prestaciones mientras la Seguridad Social se mantenga en déficit.
El Estado paga un total de 9,38 millones de pensiones, de las cuales 5,71 millones son de jubilación, un 8% más que en 2011. Sólo en el último año han aumentado un 1,15%. Y lo seguirán haciendo, pese a las medidas del Gobierno para retrasar y dificultar el acceso a la jubilación, por una simple cuestión demográfica. Llegarán a su máximo en torno a 2040, con el retiro de la generación del baby boom, los nacidos en los años 60 y 70.
Además, crece de forma constante e inevitable la cuantía media de las pensiones: las nuevas son más elevadas que las que dejan de cobrar quienes fallecen. En 2011, la pensión de jubilación media ascendía a 923,06 euros, ahora es de 1.041,15 euros mensuales. Ha crecido un 12,8%, pese a que en los dos últimos años las pensiones han dejado de actualizarse según la inflación y sólo han crecido un 0,25%.
Sin olvidar que los jubilados cobran sus pensiones cada vez durante más tiempo: a partir de los 60 años la esperanza de vida supera las dos décadas.
La 'hucha' se vacía
También aumentará el gasto en otras prestaciones: un 5% las de maternidad y paternidad, y un 9,2% las de incapacidad temporal (IT). La AIReF avisa de nuevo: el gasto en IT está infracalculado, puesto que en 2015 ya se disparó un 13,1% y este año, asegura el organismo, crecerá “a un ritmo muy elevado respecto al ejercicio anterior”.
La suma de estos factores es el que descabalga cada año los números de la Seguridad Social y ha obligado al Gobierno a echar mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para tapar el agujero. Desde diciembre de 2012, Rajoy ha sacado de la hucha de las pensiones 45.451 millones de euros. También ha utilizado 5.350 millones de los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo. Con ese dinero ha pagado las extras de julio y diciembre de las pensiones durante cuatro años.
A la hucha le quedan aún 31.770,46 millones, menos de la mitad de lo tenía en diciembre de 2011, cuando Rajoy ganó sus primeras elecciones por mayoría absoluta. Finalmente, como el fondo cada vez es más exiguo, también lo son sus rendimientos –está invertido en bonos del Tesoro Público español–.
¿Debate electoral?
Ésta es la situación que ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de apuntalar el sistema. El fin del mandato de Rajoy dejó sin respuesta la iniciativa sugerida por Tomás Burgos el pasado verano. Pero la repetición de las elecciones amenaza con devolver las pensiones al debate político. El PSOE ha presentado una propuesta para pagar con impuestos, con un “recargo de solidaridad”, las pensiones. Ese recargo sería temporal y recaería sobre las rentas y patrimonios más elevados. Un modelo parecido al francés, aseguran los socialistas.
También CCOO propuso en su día que las pensiones de viudedad y orfandad se financiaran mediante impuestos. Ambas suman unos 20.000 millones de euros anuales, aproximadamente un 2% del PIB. Entonces, el PSOE no vio esta opción con buenos ojos, ante el temor de que se pierda el principio de contributividad, que relacona salario y años de cotización con la cuantía de la pensión. Ahora, el sindicato, aunque ha saludado la iniciativa del PSOE, pide que se precise si el recargo se aplicará sólo a impuestos directos, los que gravan la renta, o también sobre impuestos indirectos, lo que a su juicio tendría un carácter regresivo.
Podemos e Izquierda Unida han incluido igualmente en su programa conjunto la “introducción progresiva” de la financiación de las pensiones mediante impuestos. El partido de Pablo Iglesias, en concreto, plantea que se financien por esta vía no sólo las prestaciones de viudedad y orfandad, sino también las de a favor de familiares e incluso el crecimiento del gasto en pensiones por el aumento en la esperanza de vida."
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2016.05.29 10:24 EDUARDOMOLINA Mala política para las pensiones.- PODEMOS NECESITA EL VOTO DE LOS MAYORES. La caída en ingresos de la seguridad social generada por la política de bonificaciones no ha sido reemplazada por ingresos de los Presupuestos Generales del Estado. Se ha usado la hucha de las pensiones

Por J. Ignacio Conde Ruiz
http://www.eldiario.es/zonacritica/Mala-politica-pensiones_6_520457965.htlm
"Tan pronto llegan las elecciones, las pensiones se convierten en el primer arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos. Y es que nadie es ajeno a las pensiones, unos porque las están percibiendo ya y otros porque aspiran a hacerlo. Sea como fuere, en cada comicio ocurre lo mismo.
Nuestra Seguridad Social está en fase de adaptación a una nueva realidad demográfica, pues no podemos olvidar que España será el país más envejecido de Europa en unas pocas décadas. Otro día me centrare en los retos de las pensiones en el medio y largo plazo. Hoy quiero hablar de los problemas coyunturales del sistema de pensiones y en por qué a pesar de la recuperación económica, esta no ha llegado al presupuesto de la Seguridad Social.
La parte contributiva de la Seguridad Social terminó el año 2015 con un déficit próximo a los 18.000 millones de euros. Las malas noticias vienen de los ingresos, y en particular de los ingresos por cotizaciones. Así, en el año 2015 a pesar de que el número de cotizantes aumentó en más del 3,2% y los ingresos por cotizaciones lo hicieron en un 2,6%. Pero, ¿esto cómo es posible? Si los nuevos trabajadores hubieran cotizado por la misma base de cotización media existente, los ingresos por cotizaciones deberían haber subido también por encima del 3,2%. Un simple cálculo, nos dice que las nuevas bases de cotización para ser compatibles con el aumento de ingresos observado, deben haber sido un 20% más bajas. ¿Cómo es posible que las bases de cotización de los nuevos cotizantes sean un 20% mas bajas que la media de 2014? Dos posibles explicaciones:
La mayor precariedad laboral, con la fuerte devaluación de salarios, hace que los nuevos contratados no solo tengan salarios más bajos, sino también un mayor uso de los contratos a tiempo parcial y temporales.
La absurda política de bonificaciones generalizadas a la contratación indefinida llevada a cabo por el Ejecutivo.
Permítanme centrarme en la política de bonificaciones a la contratación. A la luz de la evidencia, no creo que exista nada que guste más a un dirigente político que las bonificaciones. Tan pronto como llegan unas elecciones o hay un debate del Estado de la Nación, aparecen nuevos programas de bonificaciones. La verdad que no se de donde viene este afán. Desde luego, no se justifica desde el conocimiento económico. Los economistas, estamos hartos de ver como la evidencia empírica nos dice que son muy poco efectivas y muy caras. Existen múltiples artículos científicos que así lo prueban. Permítanme, para los lectores escépticos, compartir algunos. Con evidencia internacional tenemos, por ejemplo este survey del IZA realizado por Brown o este articulo de Neumark y Grijalva. Para el caso de España tenemos este artículo de García-Pérez y Rebollo. La intuición es simple. Una política de bonificaciones generalizada, como la que se ha llevado a cabo en España, es muy cara pues tiene mucho peso muerto (por ejemplo, se bonifican contratos que se hubieran hecho igualmente sin la bonificación) y además es poco efectiva pues muchos de los contratos indefinidos realizados solo por el atractivo de la bonificación tienen una alta mortalidad tan pronto se acaba el periodo bonificado. Como me imagino que los políticos no podrán evitar caer en la tentación de las bonificaciones, aquí un consejo desde el análisis económico: la política de bonificaciones es más efectiva cuando más se concentra en colectivos que tienen más dificultades de empleabilidad. En concreto, para nuestro país, debería en el mejor de los casos concentrarse en los parados de largísima duración, es decir aquellos que llevan mas de dos años en paro.
En este caso, además, el Ejecutivo ha cometido un error adicional, pues a diferencia de en ocasiones anteriores, la caída en ingresos de la seguridad social generada por la política de bonificaciones no ha sido reemplazada por ingresos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Y en consecuencia, se ha tenido que usar con mayor intensidad el Fondo de Reserva. Un fondo de reserva que en la última legislatura se ha consumido en más de la mitad.
Si a efectos del déficit para Bruselas es indiferente usar el Fondo de Reserva o ingresos corrientes del Estado, y si la emisión de deuda esta en niveles muy asequibles, ¿por qué gastar con mayor rapidez un fondo de reserva que nos puede ser útil para tener un mayor margen de maniobra en el futuro? La única explicación que encuentro, es que el ejecutivo haciendo esto, intentaba retrasar (o evitar) que la deuda publica superara el umbral del 100% del PIB. Algo que, por desgracia hemos superado recientemente."
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2015.10.26 08:33 ajemarin Mi opinión sobre el contrato único

A raíz del debate entre Iglesias y Rivera, le he estado dando vueltas a lo del contrato único y los problemas del ámbito del trabajo en España. Quería compartir estas ideas para debatir y por si sirven de argumento para la campaña electoral (supongo que se habrá debatido ya largo y tendido sobre el tema, pero espero poder realizar alguna aportación más).
Pienso que la idea del contrato único parte de un diagnóstico erróneo: supone que el paro es consecuencia de la diversidad existente de contratos. Es decir, se presupone que si un empresario no contrata es porque existen varios tipos de contrato, cuando el problema real es que no hay demanda debido al paro y a los bajos salarios.
Además, el contrato único supone asumir que la heterogeneidad existente de trabajos, con sus distintas condiciones laborales, se puede aglutinar bajo un único tipo de contrato. Es decir, supone unas mismas condiciones para trabajos a turnos (bomberos, médicos) para trabajos discontinuos (socorristas) o para trabajos de oficina, por ejemplo.
Otro aspecto de la idea de pretender resolver el problema del paro mediante la instauracion de un contrato único es que tiene una base ideológica, ya que pretende transmitir la idea de que el problema del paro es consecuencia de una “mala” regulación por parte del estado en materia laboral.
Por otro lado, el complemento salarial que propone Ciudadanos choca contra del art. 35 de la CE que habla sobre un salario suficiente para el sustento propio y el de la familia. Supone admitir que no se cumple ese precepto y regularizar esa situación favorable al empresario. Supone cargar sobre el estado lo que el empresario deja de pagar a los trabajadores.
Como posible solución, pienso que deberían existir contratos en función de las diversas jornadas de trabajo necesarias: a jornada completa, a tiempo parcial, a turnos y contratos para situaciones especiales. Todos los contratos deberían tener carácter indefinido (incluso si el contrato es de temporada) y contemplar una indemnización por despido en función del tiempo trabajado (hay que pensar en esa indemnización como una especie de “lucro cesante”).
Con respecto a las cotizaciones, pienso que el empresario debería pagar en función del tipo de trabajo. No sólo en función de la peligrosidad sino, además, en función de la jornada de trabajo: partiendo de una base de jornada completa en turno de mañana, el turno de tarde tendría un salario mayor y un número mayor de días de vacaciones en compensación, mientras que el turno de noche tendría un salario mucho mayor junto con un número mucho mayor de vacaciones con respecto al turno de tarde. Actualmente, se paga nocturnidad y, para evitar pagar más sueldo a la gente que trabaja por la tarde, lo que se hace es que los trabajadores roten entre mañana y tarde.
Finalmente, me gustaría añadir que el problema del paro se suele centrar siempre en el lado de los trabajadores: tienen contratos mal regulados por el estado, cobran mucho, tienen muchas vacaciones, son “poco empleables”, tienen baja formación, y un largo etc. que hemos venido oyendo a lo largo de estos años por parte de cierto sector político. Lo que no se suele hacer mucho es poner el foco del problema del paro en el lado del trabajo: con toda la legislación favorable e, incluso, en tiempos de gran bonanza económica, el paro en España y el empeoramiento de las condiciones laborales no ha hecho más que ir a peor. ¿En serio que los únicos responsables de eso son los trabajadores?
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2015.09.15 09:50 Subversivo-Maldito Hay que decirlo alto y claro: Catalunya es uno de los países que tienen el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15. [Vicenç Navarro]

A) ¿Qué está ocurriendo hoy en Catalunya? Los datos hablan por sí mismos. Nunca antes, durante la época democrática, habíamos visto de una manera tan marcada el deterioro del bienestar y de la calidad de vida de las clases populares, que constituyen la mayoría de la población que vive en Catalunya. El desempleo ha alcanzado unos niveles nunca antes vistos. Más de la mitad de los jóvenes está en paro, sin poder encontrar trabajo, y prácticamente uno de cada cuatro adultos está en situación de desempleo.
B) Una de las causas de esta situación ha sido una gran destrucción de los puestos de trabajo desde que se inició la crisis en 2007. La mayor destrucción ocurrió a partir del gobierno CiU. Solo en dos años, 2011-2013, se destruyeron 236.000 puestos de trabajo, en parte como resultado de la reforma laboral aprobada por CiU y el PP en las Cortes Españolas....La gran mayoría de los nuevos puestos de trabajoson trabajos precarios con contratos temporales. También ha aumentado el número de familias en las que todos los miembros activos de la unidad familiar buscan pero no encuentran trabajo....En definitiva, lo que estas cifras muestran es el enorme dolor humano que se ha creado durante la crisis, habiendo contribuido en gran medida a este dolor la reforma laboral aprobada por la coalición CiU....Tras tres años de gobierno de CiU, en 2013, 95.000 familias no tenían ningún ingreso, siendo el porcentaje de la población vulnerable a la pobreza y/o a la exclusión social uno de los más altos en aquella comunidad europea. Casi uno de cada cuatro niños en Catalunya vive en situaciones de pobreza y/o de exclusión social. Y cuando analizamos el tipo de pobreza específica, como la pobreza energética (que quiere decir que no pueden tener calefacción o luz en casa), o la pobreza alimentaria (que significa que la población no puede acceder a los alimentos básicos por falta de recursos), las cifras se disparan para alcanzar niveles nunca antes vistos, entre los más altos, de nuevo, de la UE-15.
C) Como consecuencia de todo ello, las desigualdades de renta han aumentado de una manera muy marcada, siendo Catalunya el país con mayores desigualdades después de Grecia, Portugal y España...La renta promedio del 20% de la población catalana que tiene más renta es más elevada que la del 20% que tiene menos renta: pasaron a ser de 4,7 veces en el inicio de la crisis (2007) a 5,7 veces en 2013, un incremento de un 21%. El promedio de la UE-15 fue de 4,9 veces....Desde el inicio de la crisis al 2012, los más ricos (10% superior) pasaron de tener 7,65 veces más que los pobres (el 10% inferior)...En definitiva, en Cataluña, las diferencias entre los más ricos y los más pobres, es una de las más altas de la UE.
D) El valor de estas cifras adquiere toda la importancia que merece cuando se analiza la consecuencia de tales desigualdades en cuestiones de vida y muerte. Esta demostrado que la gente con mayores recursos en Catalunya vive alrededor de entre 24-28 años más que las personas de clase trabajadora de bajos ingresos.
E) Pero todo lo señalado anteriormente es solo una cara de la moneda. La otra cara es la enorme reducción de la protección social mediante medidas como el seguro de desempleo, que hoy cubre menos de la mitad de la población en paro, y que deja a las familias desprotegidas...En Cataluña hemos visto los recortes de gasto público social más acentuados que hayan ocurrido en España y que han llegado a 3.456 millones durante el mandato de CiU...Mírese como se mire, la Catalunya social se ha deteriorado de una manera muy marcada, con el consiguiente daño a la calidad de vida del pueblo catalán....Hay que decirlo alto y claro: Catalunya es uno de los países que tienen el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15.
F) ¿Por qué este subdesarrollo, y por qué este deterioro de lo poco que ya teníamos? Veamos algunas de las causas:
1º) Los países del sur de Europa, tales como Grecia, Portugal y España (incluyendo Catalunya) se caracterizan todos ellos por tener mercados de trabajo de escasa calidad, con bajos niveles de población ocupada, elevados niveles de desocupación, paro y precariedad, y donde el gasto público social por habitante ha sido muy bajo. En ellos, las clases populares han tenido poco poder, mientras que las clases pudientes han tenido mucho.
2º) A diferencia de los países escandinavos, donde el gasto público social por habitante es muy elevado; en España y Catalunya las derechas han mandado mucho y las izquierdas poco. Todos ellos tuvieron dictaduras ultraderechistas (fascistas o fascistoides) y todos ellos tuvieron procesos de transición de la dictadura a la democracia en condiciones muy favorables a las derechas que controlaban el proceso de transición. El retraso social de Catalunya está basado en esta realidad. Las derechas (una coalición de un partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya –CDC–, y un conservador cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya –UDC–) han gobernado Catalunya durante el 80% del periodo democrático....Con la excepción del periodo de gobierno tripartito CiU ha gobernado Catalunya casi siempre.
3º) La gran mayoría de las políticas que han dañado a la Catalunya social han sido aprobadas por partidos catalanes (y muy en especial CDC y UCD) en las Cortes Españolas, con la colaboración y en apoyo de propuestas de las derechas españolas, y en ocasiones del PSOE...El maridaje y complicidad de las derechas catalanas con las derechas españolas ha sido la causa del enorme retraso de la Catalunya social y de su enorme deterioro.
G) Las derechas que han gobernado Catalunya durante la gran mayoría del período democrático. Son 400 familias las que mandan realmente en Catalunya. Estas atribuyen el subdesarrollo y declive de la Catalunya social a causas externas a Catalunya. Específicamente, consideran que Catalunya ha sido expoliada por España, mostrando que el déficit fiscal (que ellos llaman “expolio” de Catalunya por España), es decir, la diferencia entre lo que Catalunya paga en impuestos y cotizaciones y lo que recibe del Estado español (que tanto el Presidente Mas como el Sr. Junqueras fijan en 16.000 millones de euros al año) es la causa de la subfinanciación del Estado del Bienestar catalán. Este mensaje se ha estado promoviendo por tierra, mar y aire, cuarenta y ocho horas al día, habiendo calado en grandes sectores de la población que ven o escuchan tales medios....y apoyado por "economistas de la casa" como Sala i Martín, un economista ultraliberal, ciudadano estadounidense que apoya en EEUU al Partido Libertario, de la ultraderecha estadounidense. Considera al Estado como el origen de todos los problemas, siendo el mayor defensor de la privatización de las pensiones y de los servicios públicos.
H) Pues bien, en la realidad el déficit fiscal (el expolio), del que se habla tanto, es mucho menor del que los Sres. Mas y Junqueras indican, siendo semejante al que se presenta en otros países de configuración federal...Y aunque existen componentes del déficit fiscal que deberían corregirse por ser injustos y discriminatorios, su tamaño es muy inferior (alrededor de 3.000 millones de euros al año) al enorme déficit de gasto público social de Catalunya (que es la diferencia entre lo que Catalunya se gasta per cápita en su Estado del Bienestar y lo que debería gastarse por su nivel de riqueza, diferencia que supone 19.000 millones de euros).
I) El enorme retraso social en Catalunya se debe mucho más al expolio social que ocurre primordialmente dentro de la misma que al expolio fiscal. Es el expolio social el que es la mayor causa del bajo nivel de ingresos a la Generalitat de Catalunya, consecuencia de las políticas fiscales y tributarias aprobadas por los partidos conservadores-liberales y de su enorme tolerancia al fraude fiscal...Este expolio social, que se hace en complicidad con las derechas españolas, es la causa del enorme retraso social de Catalunya....El expolio social ha sido la mayor característica del régimen pujolista que ha gobernado Catalunya durante la gran mayoría del periodo democrático...Hoy ya muchos catalanes tienen claro que el regimen pujolista estuvo caracterizado por su enorme clientelismo....reflejado en la familia Pujol, que consideraban y consideran la Generalitat de Catalunya como su propiedad personal.
J) Dicho clientelismo ha ido aparejado con una enorme corrupción... en donde la interrelación entre el poder económico, financiero, cultural, mediático y político aparece con toda intensidad, y, que, lamentablemente, además, ha contado con la complicidad del sistema jurídico...Ni que decir tiene, además, que una condición sine qua non para la reproducción de este sistema ha sido el control de la gran mayoría de los medios de información en Catalunya, que ocultaban la podredumbre del régimen catalán presentándolo como el oasis catalán.... Y, por último, también hay que constatar la complicidad del Estado español, incluso cuando era gobernado por el PSOE, al no analizar lo que bien se conocía a nivel de calle, de que algo pasaba en los corredores del poder en Catalunya. Mirar hacia el otro lado fue una característica de los aparatos controlados por la derecha española, conscientes de que algo semejante ocurría en España.
K) ¿Por qué el tema nacional, y no el social, centra el debate político?
1º) El hecho de que el partido liberal CDC, en coalición (en la candidatura Junts pel Sí) con el partido independentista ERC (que ha apoyado los presupuestos de austeridad durante los últimos años), probablemente gane las próximas elecciones autonómicas en Catalunya se debe a su captación y liderazgo en el movimiento independentista, hoy un movimiento con gran capacidad de movilización. Es un error, por cierto, considerar tal movimiento como un mero apéndice del partido liberal y/o de ERC...El que la dirección de tal movimiento haya sido muy próxima y, en ocasiones, claramente instrumentalizada por la coalición CDC-ERC, no quiere decir, repito, que este movimiento haya sido una creación o un mero instrumento de tales partidos. Esta aclaración es fundamental que se comprenda, pues no se entiende en el resto de España.
2º) El movimiento independentista aparece con una intensidad creciente a partir de la decisión del Tribunal Constitucional de no aceptar elementos clave, y de gran carga emotiva, como considerar a Catalunya como una nación. ) Esta idea había sido expuesta en el Estatuto propuesto por el gobierno socialista de Pasqual Maragall y fué aprobada por el Parlament catalán. Más tarde sería “cepillado” por las Cortes Españolas, tal como dijo con chulería y arrogancia Alfonso Guerra....Esta decisión del Tribunal Constitucional fue celebrada con una enorme alegría por las derechas españolas, el PP, y por un silencio ensordecedor por parte del gobierno Zapatero. Ahí está el origen del crecimiento de la única alternativa que se veía posible: la independencia.
3º) Es una pena que, como resultado de la adormecida y olvidadiza política, llevada a cabo en nuestra historia reciente y, claramente, promovida por el Estado bipartidista español, no exista plena conciencia en la población española de que las izquierdas, no solo las catalanas sino también las españolas, tuvieron y desarrollaron otra concepción de España, una España real que incluía los distintos pueblos y naciones de España, que estarían juntos por voluntad, y no por la fuerza. Hay que recordar que incluso el PSOE (y también el PCE) aceptaban otra visión de España, apoyando el derecho de autodeterminación para Catalunya, que es, ni más ni menos, que el derecho a decidir, que hoy es sumamente popular en Catalunya....Este era el principio básico del soberanismo, término que maliciosa y oportunistamente ha monopolizado el independentismo. Ser soberanista es defender la capacidad de decidir, para lo cual se tiene que poder optar entre varias alternativas, una de las cuales, lógicamente, debería ser el secesionismo o independentismo. Lo que sucede es que, según las encuestas, el pueblo catalán desea la soberanía, pero no es independentista. Quebec, en Canadá, por ejemplo, es soberanista, pero ha escogido no separarse de Canadá.
4º) Lo que sucede es que esta visión de España plurinacional, entra en contradicción y es opuesta a la España de las derechas y de las izquierdas jacobinas que, como consta en la Constitución Española, no dudan en estar dispuestas a recurrir al Ejército, máxima expresión de la utilización de la fuerza, como garante de la unidad. Dicha visión apareció cuando el Ministro de Defensa del gobierno del PP amenazó a las fuerzas soberanistas y a las independentistas con que enviaría al Ejército en caso de que no aceptaran la sacrosanta Constitución. Por cierto, no se debería olvidar que la Constitución se redactó bajo la supervisión del Ejército. El hecho de que el PSOE cambiara, pasando de apoyar la autodeterminación a oponerse a ella, se debió precisamente a la presión militar.
5º) Habría que resaltar también que, en Catalunya, no fueron las derechas, sino las izquierdas las que lucharon en condiciones durísimas por la recuperación de la identidad, cultura y personalidad catalanas. Esto se ha olvidado y/o ocultado por las derechas que controlan los medios. En realidad, el separatismo ha sido muy minoritario en la historia de Catalunya. Ni el President Companys, un hombre claramente de izquierdas, ni el President Macià, pidieron la escisión, sino la redefinición de España, siendo federalistas, no separatistas. Lean sus declaraciones y lo verán....Es, por lo tanto, una anomalía histórica que sea ahora la derecha (CDC), la sucesora de las derechas que colaboraron con el régimen dictatorial, la que lidere el movimiento de defensa de Catalunya, pues históricamente ha sido la izquierda y no la derecha la que lo ha hecho.
6º) La ANC es un movimiento popular predominantemente de extracción de clase media, un movimiento de protesta frente a la situación actual, que tiene que valorarse positivamente, siempre y cuando no sea instrumentalizado, como está ya ocurriendo, por las derechas, lo cual es probable como consecuencia de la gran presencia de CDC en su dirección....Pero también hay que ser conscientes que, dentro de éste movimiento, hay muchas sensibilidades, incluyendo sensibilidades de izquierda. Es importante potenciar estas fuerzas señalándoles a la vez que incluso lo que desean, la independencia de Catalunya, no lo conseguirán sin ayuda de fuerzas progresistas en el resto de España, que también hoy están presionando para que haya cambios en España, tales como la aceptación de que España es una entidad plurinacional.
7º)Las fuerzas independentistas de izquierda tienen que darse cuenta que no puede alcanzarse la independencia por una vía antidemocrática, como lo está intentando Junts pel Sí. La ley electoral catalana, copia de la española, es escasamente proporcional, lo que explica que la vía de Junts pel Sí sea alcanzar una mayoría parlamentaria (que declare la independencia), y ello a pesar de que no cuenten con el apoyo de una mayoría del pueblo catalán, una vía inaceptable desde el punto de vista democrático y que crearía un enorme problema en Catalunya, solidificándose las dos Catalunyas...De ahí que la única vía democrática sea la de conseguir y realizar el derecho a decidir, que la mayoría de la población desea. Derecho a decidir es también derecho a elegir, y una alternativa sería la independencia. Hoy el 80% de catalanes son soberanistas, pero solo el 42,9% son independentistas. El 50% no lo son. 8º) Lo que debería hacerse es resolver los enormes problemas sociales que tienen las clases populares, causados por el maridaje de las clases dominantes de Catalunya y de España, que ejercen una enorme influencia sobre las instituciones políticas. De ahí que las clases populares de Catalunya y del resto de España deban aliarse en contra de tales clases dominantes, requiriendo una coordinación y no un enfrentamiento con las fuerzas políticas que están luchando al sur del Ebro. La liberación de las clases populares de Catalunya está relacionada con la liberación de las clases populares del resto de España. Así de claro. [Fuente: http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2015/09/14/las-causas-reales-y-ocultas-del-subdesarrollo-social-de-catalunya/]
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2015.09.10 18:13 LeProgressier Crear una 'seguridad social' para empresas con el objetivo que el sector privado pueda rescatarse a sí mismo: un fondo para que las empresas viables sean más resistentes frente a las crisis y no destruyan empleos por razones de coyuntura económica

Uno de los rasgos más negativos que caracteriza el mercado laboral español es la elevadísima elasticidad (ley de Okun) de su tasa de paro. Esto quiere decir que con pequeñas caídas del PIB la destrucción de empleos es extremadamente intensiva, mucho más que en cualquiera de los países homologables al nuestro.
Una manera de corregir esta ineficiencia sería crear un fondo empresarial que sirviera de colchón a las empresas, de modo que aquéllas que fueran viables a largo plazo pudieran hacer uso de él en las fases económicas contractivas y sortearlas sin recurrir al despido de trabajadores o al cierre. El efecto sería el mismo que el de los llamados estabilizadores automáticos: el de amortiguar los efectos de las crisis.
¿Cómo podría sufragarse este fondo? Con cotizaciones empresariales obligatorias, que podrían sustituir a las que ya existen, de modo que el dinero que actualmente se emplea para sufragar el paro se empleara en impedirlo, es decir en conservar puestos de trabajo en lugar de en pagar seguros de desempleo.
¿Cuáles serían los criterios por los que se recibirían ayudas? Sólo podrían solicitarlas aquellas empresas que tuvieran una imposibilidad financiera coyuntural para conservar puestos de trabajo (las ayudas serían suficientes para garantizar la viabilidad de dichas empresas sin reducir sus plantillas). Esta imposibilidad podría evaluarse atendiendo al nivel de beneficios/pérdidas precrisis y postcrisis. Las empresas con beneficios tendrían prohibido por ley realizar reducciones de plantilla colectivas.
La seguridad empresarial y la renta básica podrían proporcionar simplicidad (y transparencia) al sistema de protección social, volviéndolo así más legítimo y evaluable a ojos de la sociedad. El salario mínimo, el seguro de desempleo, la indemnización por despido y toda suerte de ayudas fiscales podrían desaparecer.
La seguridad laboral es un valor que debe ser incentivado (por razones de planificación familiar, especialización de la producción y autoestima), por lo que podrían establecerse impuestos/sanciones que gravaran el despido en función de la antigüedad (una indemnización por despido a todos los efectos, con la diferencia de que no sería percibida por el trabajador, ya protegido por la renta básica, sino por el conjunto de la sociedad).
En cuanto a las pensiones, que también beben de las cotizaciones empresariales, debería abrirse el debate sobre su financiación mediante impuestos. No tiene nada de progresista que los asalariados paguen la totalidad de sus pensiones, especialmente cuando los mismos están cada vez más precarizados y cuando la riqueza está cada vez más desigualmente repartida entre empresarios y trabajadores. La seguridad social es un sistema cerrado a efectos redistributivos.
En resumen, esta 'seguridad social' empresarial serviría para reducir la elasticidad de la tasa de paro e impedir despidos (amortiguando los efectos de las crisis), además de contribuir a la simplificación de nuestro valioso modelo social.
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2015.08.18 18:13 DESTERIANO NUEVA FORMA SINDICAL

Es la era del optimismo y del dinamismo histórico del cambio. Pero con una asignatura pendiente, la transformación de los sindicatos tradicionales encaminan dolos a la senda de donde no debieron salir. El sindicalismo de clase. Es muy difícil enmarcar esta lucha sin que pueda parecer que va en contra de la libertad sindical. Pero creo que con valentía y claridad de objetivos se pueden crear sindicatos que sean de verdad la herramienta para potenciar el cambio. Siendo conscientes de que las injusticias sociales, las desigualdades, las marginaciones de la clase obrera y la sociedad en general se han agravado muchísimo desde la reforma laboral, destruyendo libertades y derechos conquistados en los últimos años y aumentando más la injusticia social de este País. Viendo que los sindicatos no han sido el instrumento de primera magnitud que defendiera los derechos que tanto esfuerzo costo conquistar, si no que han sido meros espectadores de Empresas y sectores que han realizado los afiliados junto a otros trabajadores. Desde Podemos tenemos que denunciar que esos burócratas de despacho que están en las estructuras sindicales, viviendo de subvenciones y cursos a parados sin contar otros mecanismos de liberación que correctamente orientados serian buenos, pero que en estos momentos son elementos de explotación y degeneración sindical ( liberados por horas ) Para conseguir esos cambios, para tener seguridad en esa marcha hacia delante tenemos que tener un respeto muy grande hacia los afiliados y secciones sindicales que nada tienen que ver con esos burócratas de despachos.
Por lo que el sindicalismo debe renacer para poder conquistar derechos primero, defenderlos y ampliarlos siempre y digo siempre frente a los que nos los niegan. No debemos olvidar que esta recuperación de esperanza democrática que es Podemos nos exige como trabajadores/as ayudar a desarrollar la expresión y la proyección política de ese gran movimiento social, lo que llamamos la lucha de clases, esta tiene y necesita dos niveles, el económico y el político. Otra conclusión a la que debemos llegar los trabajadores/as, la izquierda y las fuerzas progresistas, es que necesitamos en estos momentos la unidad en el plano político, sobre la base de un programa de futuro, progresista y avanzado, de manera que el optimismo de cambio político lo traslademos también al terreno sindical, haciendo que la domesticación de los sindicatos se transforme en la recuperación de la lucha, aglutinando cada una de estas y dirigiéndolas hacia un único objetivo, la transformación social. Los parados no son solo productos de la crisis del capital, si no del propio sistema productivo de este país, que necesita de este gigantesco ejercito de parados para que sirva de freno tanto político como económico Los grandes frenos laborales donde era y es más fácil la organización sindical, con la reforma laboral a conseguido domesticar parte de esa organización, con el consabido consentimiento de los dirigentes sindicales actuales. Pero donde se a fracasado sindical y políticamente es en la organización de los trabajadores/as del trabajo sumergido, los falsos autónomos, los mensajeros, trabajo doméstico en definitiva todo el trabajo negro que el capital esta usando para destruir el empleo fijo, en empleo cada vez más precario. Estos sectores que son difíciles de unir y organizar junto con otros colectivos como los parados, jóvenes, mujeres, etc.., es donde debemos centrar el esfuerzo para conseguir una organización que recoja y solucione los derechos mínimos que cualquier trabajadoa debería tener, convenio, seguridad social y estabilidad en el empleo. De manera que desmontemos el objetivo del capital de crear subproletariados alejados de las fabricas de las grandes Empresas para que sean siervos y no trabajadores, degenerando el sistema para eliminar las conquistas conseguida y volver a mediados del siglo pasado. Si no somos capaces de dar respuesta a esta economía, el sistema que hoy conocemos como bienestar social peligra, tanto por falta de cotizaciones como contar con salarios de miseria. Creo que esta etapa donde se plantea el fin de la libertad sindical y del sindicalismo de clase, debemos desde Podemos tomar la responsabilidad política y de lucha indicando a las organizaciones sindicales que nunca se debió dejar la autonomía financiera que dan los afiliados y desatar las cadenas de las subvenciones. Haciéndoles ver que si ayer el Franquismo no pudo domar al movimiento obrero, menos podrá un Gobierno arrogante, prepotente y anti democrático del PP. Hoy con las nuevas tecnologías podemos dirigirnos a esos sectores desperdigados y marginados, creando pequeños círculos que después conectaremos a través de dar soluciones a los problemas, generando movimientos que terminen en una herramienta de nuevo tipo que junto a esas secciones sindicales que ya existen en las grandes Empresas hagan que el sindicalismo vuelva a sus cauces. Debemos marcarnos como objetivo fundamental, la consolidación de estos círculos conectados entre sectores a nivel Nacional, a si como círculos de contacto de las secciones sindicales y comités de Empresa de las grandes Empresas, encauzando todas estas reivindicaciones y movilizaciones, de manera que aumentemos nuestra influencia sindical, creando nuevas formas de lucha, dado que las huelgas solo se pueden dar en determinados sectores y Empresas, olvidando a estos otros sectores que sin querer no les damos la importancia que tienen , tanto en el PIB como en la estructura del empleo ( empleadas de hogar , aproximadamente dos millones de las cuales entre el 60 y 70 % están de alguna manera en la economía sumergida ) falsos autónomos ( en oficinas de abogados, arquitectos, ingenieros y todo tipo de profesiones ) en la administración pública también vemos este tipo de falsos autónomos, en hospitales, ambulatorios, etc.., tampoco podemos olvidar al colectivo de ayuda a domicilio y a si un sin fin de trabajadores que se les margina de sus derechos. Otro objetivo fundamental de nuestra actuación sindical debería ser una estrategia de solidaridad y lucha contra el paro, apoyando a los grupos existentes de organización de parados, y donde no sea posible o no existan, crear círculos que germinen en una política de unidad y lucha de este colectivo. Es indudable que el momento es difícil, pero ilusionante a la vez que complejo, pero lo que no es deseable ni positivo es permanecer al margen de estos problemas. Debemos tomar medidas políticas porque de nosotros/as se exige dar respuesta con coherencia y eficacia a toda la sociedad, tenemos que asumir responsabilidades y decir con nuestra actuación que se acabo la indiferencia que esta dando el vació sindical. Y no podemos dejar que numerosos colectivos se desgasten en luchas y discusiones aisladas que solo sirven para que la COE y el PP se froten las manos por falta de una organización que aglutine esos colectivos, de manera que nos desgastamos poco a poco y sin apenas éxitos. A su vez debemos crear una autonomía sindical de estos círculos que deben ser la base de análisis colectiva que garantice la participación , la discusión y la toma de decisiones, autonomía que no significa indiferencia ni orientación hacia los otros problemas de la sociedad ( vivienda, educación, sanidad, etc.. ). El tener la suficiente claridad y comprensión para hacer que los problemas se resuelvan, eso si, no nos debemos refugiar cada uno en nuestra organización de círculo, si no ser audaces y presentar alternativas que nos posibilite actuar untaría mente creando un campo común en nuestro País Lo que sería positivo es que elaborásemos resoluciones que nos permitiese abordar este problema dentro de nuestro partido Podemos.
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2015.07.10 20:16 AngelVN PARA INICIATIVAS CIUDADANAS

A VER SI POR AQUI ALGUIEN SE LEE ESTE DOCUMENTO, ESTE TEXTO ES EL DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE CONSENSUÓ EN LO QUE FUÉ PODEMOS EXTERIOR, ANTES DE QUE DESDE MADRID ACABÁRAIS CON EL. ES LA ULTIMA VEZ QUE VOY A HACERLO CIRCULAR. A VER SI A ALGUEN SE LE OCURRE LEERLO ENTERO Y, PREVIOS LOS AJUSTES QUE SE CONSIDEREN, SE ES CAPAZ DE LLEVAR ESTAS PROPUESTAS AL PROGRAMA ELECTORAL, PORQUE SI TENGO QUE ESPERAR A QUE LA REPRESENTANTE DE EXTERIOR EN EL CC SE ENTERE DE TODO ESTO, VOY LISTO. GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN.
Introducción.
¿Quiénes somos? Somos un grupo de trabajo (GT) de Podemos exterior que tiene como misión la búsqueda de contenidos para las futuras campañas de Podemos. A tal fin, elaboramos este documento para responder a la exigencia de presentar un programa político-electoral, cuyo destino sería su inclusión en el programa electoral de PODEMOS para las próximas elecciones. Asi, este documento es una primera aproximación a las demandas que, a nuestro entender, podrían cubrir las necesidades de todos y cada uno de los migrantes, atendiendo a su situación personal, laboral, geográfica, familiar, etc . ¿Qué queremos hacer? Mejorar la situación de los españoles emigrantes así como facilitar la vuelta a casa de aquellos que quieran hacerlo. PODEMOS ocupa ahora mismo la centralidad del espacio político y desde esa centralidad asumimos la tarea de formular propuestas coherentes, con proyección estratégica a largo plazo que permitan que todos y cada uno de los migrantes participar de la vida pública en nuestro país, en consonancia con nuestros principios éticos adoptados y aceptados por todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Desde Podemos Exterior (PE) y más concretamente desde el GT de campañas estamos identificando diferentes negligencias que producen la desprotección en diferentes ámbitos que hacen muy difícil la situación de los españoles emigrantes así como la pérdida progresiva de derechos que hace muy difícil, por no decir imposible la vuelta a casa de aquellos que así lo quieren. Partimos de la premisa de que existe un consenso entre todos nosotros de que nuestra perspectiva de lo que acontece en el exterior nos coloca en una situación excepcional para que todas nuestras capacidades, conocimientos y experiencias sean utilizadas en razón del cambio político. De esta manera, la posibilidad de crear el programa que afecte a los migrantes nos da la oportunidad de mostrarnos en todas nuestras capacidades o si se me permite, en todo nuestro esplendor. ¿En qué orden? Creemos que debemos ser realistas y partiendo del hecho de que Podemos por el momento solo tiene representatividad en el Parlamento Europeo. Podríamos agilizar los temas a trabajar que una vez aprobados por los cauces oportunos se puedan transmitir a los parlamentarios europeos de Podemos (esto nos daría mucha legitimidad durante las campañas venideras). Al mismo tiempo seguiríamos trabajando sobre los temas que sólo se pueden mejorar desde las instituciones españolas, puesto que a día de hoy aún no tenemos medios para ponerlas en marcha fijándonos como objetivo elaborar un programa realista, sólido y viable que englobe los problemas del 100% de los españoles migrados del planeta. ¿Cómo? Juntos. Este documento sale de las opiniones intercambiadas y recogidas desde la celebración de la Primera Asamblea de Podemos Exterior. Sin duda alguna, el programa electoral definitivo tendrá que recoger todas las propuestas que puedan emanar tanto de los círculos como de los afiliados a titulo individual y a expensas de que, en su caso, los órganos elegidos para la dirección del partido definan el papel de PODEMOS EXTERIOR dentro de la organización. Los mecanismos de organización, toma de decisiones, difusión, gráficos etc… los llevan otros grupos de trabajo, ellos nos irán informándonos de las decisiones tomadas para la organización y voto de propuestas de PE e irán dando difusión a nuestras propuestas a la vez que nos proporcionarán las respuestas de los otros círculos o personas. Así, la asunción por nuestra parte de este compromiso nos coloca también ante la responsabilidad de llevar adelante un trabajo excepcional, cuya trascendencia va mucho más alla de nosotros ya que afecta a un colectivo de dos millones de personas en todo el mundo puesto que, en cierta forma, nos subrogamos un papel que en otras organizaciones es llevado adelante por un grupo de personas, o varios, que se interrelacionan constantemente, que cuentan con el apoyo de instituciones poderosísimas como fuente tanto de financiación como de recursos técnicos y humanos, estando nosotros en inferioridad de condiciones con respecto a nuestros adversarios, de ahí la necesidad de dar todos y cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Manifestamos esto porque es preciso tomar conciencia de que el trabajo a desempeñar es arduo y de alto contenido técnico, dado su ámbito de aplicación. Y asumimos esta responsabilidad.
Situación del movimiento migratario español. Vision general.
Tomando como punto de partida los datos suministrados por el INE, la población total de nacionalidad española en el exterior según datos a 1-1-2014, actualizado a 31-03-2014 es de 2.058.048 . Por continente, el 63,3% de las personas inscritas tiene fijada su residencia en América, el 33,6% en Europa y el 3,1% en el resto del mundo. Sin embargo, y pese a estos datos, no podemos afirmar que este sea el numero real de españoles en el exterior, cuestión que expresamente reconoce el INE, toda vez que muchos de los que se trasladan al exterior sencillamente no se inscriben en el consulado o embajada del país de llegada puesto que en la práctica, las ventajas no superan a los inconvenientes: la pérdida de determinadas prestaciones o del ejercicio del derecho al voto en las elecciones municipales y autonómicas, así como la posible necesidad de trasladarse de una ciudad a otra para realizar este trámite son potentes desincentivadores para realizar la inscripción en el registro de matrícula consular. Así mismo, dentro de la CEE el tránsito y el trabajo de los españoles que se desplazan no necesitan de grandes trámites, por lo que raramente se piensa en ponerse en contacto con la embajada o consulado, ya que esta no ofrece servicio alguno a los españoles residentes en la CEE. Este hecho supone que, siguiendo los estudios realizados por Amparo González, investigadora del IEGD-CISC, en su estudio para la Fundación Alternativas 'La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no' (2008-2012), exista una diferencia sustancial entre los nacionales españoles residentes en el exterior reales y lo que reconocen las estadísticas oficiales (como se apunta anteriormente, el propio INE asi lo reconoce) de alrededor de 500.000 personas. Lo anterior hace que sea tremendamente complicado como es sabido calcular el número de personas que han tenido que salir de España por la crisis, lo que supone una dificultad añadida a la hora de articular cualquier propuesta, considerando que este número de personas supone alrededor del 25% del total de españoles residentes en el extranjero. También es dable poner de manifesto, siguiendo los datos del propio INE, el número de españoles de nacimiento residentes en el exterior y contrariamente a lo que nos hubiera podido parecer, es del 34,2% frente al 59.6% que reside en su país de origen. Se pone de manifiesto este hecho porque no es lo mismo, a los efectos de la percepción de determinadas prestaciones, el ser español de origen o español naturalizado o nacionalizado como por ejemplo, las ayudas para atender situaciones de extraordinaria necesidad de los retornados contempladas en el Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre. Además, este dato añade otro punto de confusión puesto que si consideramos que alrededor del 25% de los españoles en el extranjero lo son debido a la crisis y tomando como periodo de referencia 2008-2012, el total de españoles de origen sería alrededor de 680.000, arrojaría que tenemos un colectivo de nacidos en España de alrededor de 200.000 personas viviendo en el exterior por un periodo de seis o más años, mientras que el porcentaje más alto de migrantes se concentra en los tres últimos años. Lo que se quiere poner de manifiesto es que la realidad de la migración española es mucho más diversa y por tanto, compleja, de lo que a primera vista podría parecer y este hecho tiene dos consecuencias inmediatas a saber: existe una gran dispersión de normas que atañen a los migrantes lo que dificulta su estudio, como ya ha sido puesto de manifiesto en todos los trabajos realizados en éste sentido y de otro, que la construcción de propuestas ha de contar con todo este tipo de sensibilidades.
Estuctura de las areas de trabajo.
Con los datos anteriormente expuestos podemos afirmar que cualquier grupo de propuestas relacionadas con los migrantes ha de tener un triple eje y este a su vez, deberá de contemplar múltiples realidades. Así parece indudable que es preciso articular propuestas de un lado, dirigidas a los migrantes y a sus relaciones con la administración española durante su tiempo de estancia fuera del país y de otro, crear las mejores condiciones para facilitar el retorno de todos aquéllos que lo deseen. Sin embargo, no podemos olvidar un tercer grupo de propuestas que afectan intrínsecamente a lo que somos y a los principios que defendemos de honestidad y transparencia, y que vienen dadas por el trabajo de las embajadas, consulados y oficinas del ICEX, en relación a transparencia a la hora de gestionar fondos públicos o de cómo se convierten en verdaderos representantes de las empresas del IBEX 35, olvidando por completo que la realidad del tejido productivo español no son las empresas más grandes, sino la micro, pequeña y mediana empresa. Medidas tales como la creación de Consejos Ciudadanos o del Consejo de Residentes en el Extranjero para impulsar el control ciudadano de las instituciones diplomáticas serían mas que deseables. Siguiendo con éste esquema, si hablamos de propuestas dirigidas a las relaciones con la administración española durante el tiempo de estancia en el exterior en síntesis nos encontraríamos con que en esto, como en otras muchas cosas, el cumplimiento del Estatuto de la ciudadanía española en el Exterior (en adelante ECCE), es decir, el desarrollo y cumplimiento de normas ya existentes, sería suficiente así, y sin ánimo de exhaustividad: 
 Reforma del sistema de inscripciones y variaciones en el CERE y su forma de practicarlas.  Fomento del movimiento asociativo, creado por los españoles en los países de acogida.  Reforma total del sistema de voto rogado.  Revisión del papel de las secciones internacionales españolas en centros públicos o privados de otros países y relanzamiento de las Aulas de Lengua y Cultura Españolas.  Reforma del sistema de convalidación de títulos en el exterior Esto solo sería una parte de, siguiendo el contenido del ECCE, los contenidos que serían susceptibles de incluirse en un programa electoral puesto que de la lectura atenta de este texto se deduce que existen otras cuestiones que son susceptibles de trabajar como lo referido a los derechos de información, los derechos en materia de Seguridad Social o los derechos en materia de formación socio-laboral contenidos en los artículos 17 a 22 de la precitada norma. Por otra parte, y en lo referido a las condiciones para facilitar el retorno de los españoles no cabe ninguna duda de que la normativa actual, que si bien es cierto que recoge un amplio elenco de prestaciones, el iter burocrático puede llegar a hacer imposible el ejercicio de determinados derechos. En este sentido, cabría señalar:  Revisión del sistema de prestaciones por desempleo con el fin de facilitar la exportación de la prestación o de su suspensión temporal durante un periodo determinado de tiempo.  Revisión de la forma de cómputo de cotizaciones para que el tiempo de estancia en el exterior, en toda su integridad, se incorpore a la carrera de seguro del trabajador.  Reforma del sistema de concesión de ayudas a situaciones de necesidad.  Integración del periodo de estancia en el extranjero como lagunas de cotización a los efectos del tiempo mínimo de carencia exigido para acrecer pensiones de jubilación o incapacidad permanente en cualquiera de sus grados.  Revisión de los convenios especiales en materia de seguridad social.  Derogación de las normas que limitan el acceso a la asistencia sanitaria a los españoles residentes en el extranjero. Asi mismo, y en relación al tercer eje de propuestas en relación a las medidas de regeneración política y transparencia que han de encontrar acomodo también en las legaciones diplomáticas o oficinas comerciales sería deseable plantear:  Auditoría de las oficinas del ICEX por los técnicos de la Intervención General del Estado.  Revisión del sistema de asesoramiento a las empresas por parte del ICEX, removiendo trabas administrativo-burocráticas para el acceso a la información.  Auditoría integral de las Embajadas. Supresión de las partidas opacas o fondos reservados de los que en la actualidad, se sirven las Embajadas.  Supresión de todas las oficinas comerciales de las CCAA. Estas oficinas son una fuente de clientelismo y que además, duplica funciones con las oficinas del ICEX.  Estudio pormenorizado de todas las subvenciones a la cooperación a través de la AECID, suprimiendo aquéllas que se otorgan a países vulneradores de derechos humanos.  Redefinición del papel de la AECID.
Consideraciones finales a este primer borrador.
Muchas son las cuestiones a desarrollar como es fácilmente observable. El propósito de este documento es, una vez aprobado, que sea diseccionado en todas las propuestas que aquí se ponen de manifiesto con el fin de ofrecer textos concretos a los problemas y retos que se plantean y como no puede ser de otra forma, es un documento abierto y que a buen seguro podrá enriquecerse con las aportaciones de todos como se apunta al principio.
Es también preciso tener una perspectiva global de todo el fenómeno y de los plazos en los que nos movemos, a saber: las medidas que puedan salir de éste documento, si son debidamente consensuadas, deben de estar terminadas de tal manera que se puedan incorporar al programa electoral, por tanto, si bien es cierto que contamos todavía con tiempo, éste hecho no puede hacer que no se trabaje intensamente en éste programa, toda vez que no sería de extrañar que, dada la situación de caos generalizado que se vive en el país, y con el miedo que demuestran todos los días, el gobierno decida adelantar las elecciones generales, a sabiendas de que cuanto más tiempo esté en el poder, más se desgastará porque más y más escándalos saldarán a la luz por tanto, sin pausa pero sin prisa debemos de empezar a trabajar en el desarrollo íntegro de este programa. Corresponde a otros grupos ofrecerlas alternativas necesarias en materia de comunicación para que todas las propuestas que pudieran sumarse, complementarse, extenderse o modificarse a este documento puedan quedar definitivamente recogidas. Queda mucho trabajo por hacer y hay otros temas que seguro merecen figurar en este primer boceto de documento de trabajo, para ello necesitamos crecer en número y contar con todos aquellos que puedan contarnos otras problemáticas para juntos ir buscando soluciones. Puedes ponerte en contacto con nosotros en: ¡Juntos podemos!
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2015.03.11 18:10 RiverUp Carta para un ciego sordomudo.

Sr. Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy:
Permítame recordarle como ciudadano, que está gobernando sin legitimidad. Su gestión es rechazada por una mayoría absoluta aplastante de la ciudadanía. No hay peor ciego que el que no quiere ver ni oir.
En cualquier país democrático Vd. no sería ya presidente del gobierno, no sólo por la falta de legitimidad sino por las imputaciones que le rodean a Vd., a su partido y a sus políticos. Esta es quizás la principal causa de la pérdida de confianza, agravada por la ausencia de explicaciones convincentes y de decisiones responsables.
Ya nadie es ajeno a la manipulación que ejerce sobre los medios de comunicación y sobre el poder judicial, así como de sus reiteradas maniobras dificultando las investigaciones.
Hay muchas sombras de sospecha en torno a su gestión política. La transparencia y la responsabilidad brillan por su ausencia, que se confirma cada vez que rehuye y se esconde de sus obligaciones como primer mandatario.
Esto confirma las sospechas de que muchas cosas no funcionan como debieran y Vd. rehúye las responsabilidades que asumió al depositar la ciudadanía la confianza en su gestión.
Se le ve más preocupado por reordenar su maltrecho partido de cara a las elecciones que en atender a la ciudadanía; está más pendiente de controlar las protestas ciudadanas que de solucionar sus graves problemas; más pendiente de ocultar realidades que de buscar soluciones.
El país no merece un presidente que resiste agarrado a su poltrona y que ignora la realidad del dia a dia de los españoles, aunque la conoce.
Vd. nunca tuvo voluntad de sacar a flote España sino a aquellos sectores afines a su ideología que provocaron la crisis con gestiones financieras de dudosa legitimidad y profesionalidad.
Vd. representaba el garante de que se aplicarían cuantas medidas fuesen necesarias para que los recursos económicos del país se utilizasen prioritariamente para rescatar a quienes quebraron nuestro sistema, para garantizar que el capital mal administrado y posiblemente robado sería repuesto a costa de recortes en todos los ámbitos sociales, para reconducir la riqueza producida hacia sectores privados, muchos de los cuales son responsables del deterioro de nuestra economía. La contención del gasto social se ha utilizado para reponer el capital "evaporado" y encima soportando los intereses de un endeudamiento que no nos corresponde asumir en su totalidad y debería haber sido auditado.
Un gobierno legítimo no sólo no haría ésto, sino que exigiría responsabilidades políticas y legales, de modo que cada entidad u organismo implicados asumiese el coste de sus desastrosas gestiones.
Vd. es responsable de que el producto que genera la gente más preparada, formada a cargo de nuestros impuestos, beneficie a otras economías a donde emigran por pura necesidad de subsistencia. Muchas de esas economías tienen que ver con nuestra precaria situación, qué paradoja. Por si no fuera bastante, se asegura en dificultar el voto a distancia de aquellos que, a buen seguro, tienen muy claro a quien no deben votar.
Nos ha abierto los ojos (algo positivo hay en su gestión) y hemos podido entender que el neoliberalismo que Vd defiende es el verdadero anti-sistema, una casta de garrapatas que desde Alemania y diversos sectores extiende sus tentáculos gracias a colaboradores como Vd., quebrando el sistema, concentrando en sectores privilegiados una riqueza que saquean al país con políticas de recortes y austeridad, favoreciendo al mismo tiempo la evasión fiscal.
Sus medidas para regularizar la evasión fiscal es una maniobra encubierta, un trato de favor, que pretende liberar de responsabilidades penales a personas y sociedades incluidas en la conocida lista Falciani, consciente de que inevitablemente saldrá a la luz pública y de que sus beneficiarios serán sometidos a procesos judiciales. Vaya forma tan extraña de trabajar para los intereses del país.
Quienes creemos en la democracia y entendemos que las gestiones irresponsables o corruptas deben ser resueltas revocando la confianza depositada, no merecemos ser expuestos al límite de nuestra paciencia, reprimida con medidas antidemocráticas, utilizando el poder para resistir en esa burbuja de falsas espectativas que Vd. pretende que nos creamos, mientras crujen los pilares que sostienen todo el entramado del sistema.
Vd. se empeña, abusando de un maridaje nunca visto entre medios de comunicación y estado, que nos recuerda irremediablemente procedimientos de la dictadura franquista, en pintar un horizonte de colores, seleccionando arbitrariamente cifras sobre desempleo y cotizaciones o acerca del crecimiento económico, echando mano de resultados financieros fugaces propiciados por maniobras orquestadas por sus colegas europeos, las garrapatas neoliberales del BCE y Alemania.
Muchos han pedido su dimisión y Vd. no ve motivos, o no los quiere ver. Podríamos aquí decirle aquello de "aguanta, Mariano, sé fuerte", pero no estamos para bromas, estamos perdiendo un tiempo precioso.
Va Vd. a salir del gobierno con muchos "debe". Posiblemente debería responder, no de sus errores, eso puede entenderse, sino de la legitimidad de muchas de sus acciones y las de su partido.
Allá Vd. y su conciencia, si la tiene. No es mi problema, sino el suyo. Mi problema es ver que existen opciones más válidas y eficaces que la suya y que con resignación democrática tengamos que esperar a los próximos comicios para regenerar un país que Vd. se empeña en hundir e hipotecar cada dia más con su irresponsable proceder.
Sr. Presidente, si es cierto que quiere lo mejor para España, dimita ya y anticipe elecciones. Al menos saldría de la política con un gesto de responsabilidad política digno de reconocimiento. Muchos, una absoluta y aplastante mayoría dudamos de su integridad moral, no confiamos en que asuma sus responsabilidades políticas, hasta el punto de entender que debemos seguir dando ejemplo de demócratas aún a sabiendas de que desde afuera se nos mira con cierto asombro, no por nuestros logros, sino por nuestra infinita paciencia.
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2015.01.27 14:57 Santoherrero Al programa económico de Podemos le falta mucho hilo y aguja todavía

Apreciados compañeros de Podemos,
Soy empresario en un sector tecnológico y economista de izquierdas. Veo con buenos ojos que Podemos irrumpa en el panorama político español tanto porque comparto la necesidad de higienizar nuestro sistema político como porque creo que hace falta otra política económica y social (de signo progresista). Sin embargo modestamente opino que todavía falta bastante para que Podemos sea creíble en materia de política económica (me baso en el programa que han elaborado por Vicenç Navarro y J. Torres López accesible desde su dirección de internet). Intentaré explicarme.
Se desprende de la lectura del citado informe que Podemos confía mucho en la capacidad de la economía española de asegurar incrementos sostenibles de la producción y del empleo, fundamentalmente a través de estímulos a la demanda pública y de consumo, como también en basar el cuadre de las cuentas públicas en los resultados de la lucha contra el fraude legalizado (o no) de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones. . No hay que olvidar que nuestra economía sufre cuatro males endémicos sobre los cuales no leo en vuestro programa ninguna respuesta seria, cuando cualquier política económica y social que pretenda ser sostenible (y por lo tanto creíble) debe abordarlos en primera prioridad:
• El primero es la tendencia al déficit comercial estructural, lo cual implica que el simple relanzamiento de la demanda a través de un mayor gasto público y de subidas del SMI de los trabajadores, sin más, serían medidas que nos devolverían a situaciones de déficit comercial galopante, por la vía del súbito incremento de las importaciones, además de a un déficit fiscal aún más alto del actual, con el consiguiente aumento de la prima de riesgo de la deuda pública, lo cual realimentaría dicho déficit fiscal haciendo que el experimento fracasase en meses y no años. Recordemos que históricamente y hasta muy recientemente nuestra economía ha venido compensando los sucesivos déficit comerciales con entradas netas de capital en parte especulativas y en parte relacionadas con la inversión directa productiva.
Por lo tanto, si lo que se pretende es fomentar un modelo de crecimiento sostenible (y no transitorio) es fundamental apostar ahora mismo por el fomento de las exportaciones, de la internacionalización de nuestras empresas y por la atracción de inversión extranjera productiva a sectores de la nueva economía (lo cual implica la necesidad de medidas fiscales y financieras, de apoyo explícito a la internacionalización que brillan por su ausencia en vuestro programa).
• El segundo mal endémico es el de la inferior productividad y bajísima densidad y escala empresariales (tenemos pocas empresas por 1000 habitantes y encima son más pequeñas que en el resto de Europa). Este fenómeno está detrás de la inferiores productividad, exportación y de la dificultad del acceso al crédito. Sin atajar el reto del fomento del emprendimiento y del aumento de la escala de nuestras empresas, toda tentativa de mejora duradera del bienestar de los españoles, será pura ilusión, como también toda intención de asemejarnos a Dinamarca, Holanda, Austria o Finlandia, donde existen desde hace años políticas pro innovación, emprendimiento y aumento de escala. Recordemos que las economías de los países nórdicos y centroeuropeos se apoyan en tejidos empresariales muy densos (muchas empresas por 1000 hab.), facilidades para crear empresas y desgravaciones fiscales muy potentes para la inversión productiva. ¡Tengamos además en mente que en dichos países la fiscalidad es alta y progresiva sobre las personas físicas y las actividades contaminantes, pero REDUCIDA sobre las empresas! Eso implica que si Podemos aspira a ser una fuerza progresista de gobierno (duradera y no fugaz) debe defender un modelo de apoyo a la innovación y al emprendimiento basado en redes de incubadoras y aceleradoras de empresas así como de ruptura de la endogamia del sistema universitario español, con el fin de que los recursos públicos y privados colaboren mucho más en proyectos de I+D+i y emprendimiento, lo cual exige cambiar radicalmente los incentivos del personal investigador y de los centros públicos de I+D+i. En Alemania todas las universidades son públicas pero en cambio la gestión no es funcionarial (se financian con el presupuesto pero compiten entre sí y reciben más fondos en función de su "excelencia" en investigación y transferencia de tecnología a la industria). En España debería introducirse un modelo similar en la universidad y exigir a los centros de I+D+i industriales aplicados que sean autosuficientes con el fin de asegurar que realizan proyectos de transferencia de tecnología a las pymes, a cambio de fondos públicos.
Los contratos programa con el estado deberían firmarse en base a resultados y/o materializarse bajo la forma de capital o de deuda subordinada pero no de subvención ad infinitum como es el caso a menudo. Podemos también debe defender una fiscalidad favorable para las nuevas empresas y /o nuevos proyectos de inversión de las empresas establecidas (tal y como hacen los países nórdicos), gravando en cambio las rentas y patrimonios personales que no se reinvierten.
• El tercer mal endémico es el de unas políticas de empleo fundamentalmente pasivas, las cuales dilapidan un altísimo volumen de recursos (del orden de 28.000 millones anuales) en prestaciones de desempleo, sin contribuir ni al reciclaje ni a la reinserción de los parados, permitiendo que se descapitalicen las víctimas del desempleo durante meses y años, hundiendo a millones de personas en la marginalidad. La solución no es la “renta de inserción” (pan para hoy y para mañana creando clases pasivas a perpetuidad, algo que no practica ningún país progresista socialdemócrata y sí practican países populistas como la Argentina de Cristina Fernández) sino una política activa de reciclaje y reinserción a cargo de los mismos recursos que hoy se usan para la prestación de paro (prometiendo mantener dicho nivel de gasto en 28.0000 Mi aunque baje el paro canalizándolo hacia el reciclaje y subvención de la contratación), la cual sí ayudará a las víctimas del paro a ascender en el escalafón social y insertarse en la economía productiva. Recordemos nuevamente que en los países nórdicos del orden del 70% del gasto en políticas de empleo se dirige a la formación y recolocación. Si Podemos pretende ayudar a los parados subiéndoles o alargándoles las prestaciones o con rentas pasivas de “reinserción”, lo único que se conseguirá es contribuir aún más a la degradación de los curriculum de los parados y fomentar la economía sumergida (ya que esta se nutre de falsos parados ofreciéndoles salarios de miseria con el argumento de que ya cobran la prestación). Algunos “pseudo progres” encontrarán inaceptables estas propuestas, pero es lo único que puede ayudar a sacar del agujero o trampa de la miseria en la que se hallan atrapados 5 millones de españoles, ayudándolos a entrar en la economía formal. Desde luego que no tiene nada de progresista que la sociedad pague recursos a un sector por permanecer pasivo sine die mientras tiene que complementar ingresos en la economía informal.
• El cuarto reto, muy relacionado con el anterior, es el de la insuficiencia fiscal del estado. No olvidemos que en los países europeos de la zona euro, el estado recauda vía impuestos un porcentaje sistemáticamente superior al gasto público respecto del caso de España (y no sólo en momentos de crisis), precisamente debido a la ocultación de bases imponibles. Dicha ocultación se efectúa por arriba (grandes patrimonios y beneficios corporativos sifoneados a paraísos fiscales) y también por abajo (25% de economía sumergida).. Eso significa que además de aumentar drásticamente la contratación de inspectores, la lucha contra el fraude deberá centrarse en varios ejes : a) Gravar grandes fortunas que escapan al control del fisco legal o ilegalmente, haciéndolo en el futuro vía imputación de rentas en la sombra (ej. obligar a declarar en la base del IRPF una renta asumida del 2% por cada millón en activos declarados dentro del país o en paraísos fiscales), b) Avanzar en la armonización fiscal con Europa en la lucha contra el fraude legalizado de las grandes corporaciones y c) Mejorar mucho la lucha contra el fraude del IVA en España vía inspección pero también equilibrando tipos (bajando unos y subiendo otros) y e) Realizar por vez primera una lucha frontal contra la economía sumergida (entre el 25-28% del PIB según las estimaciones), sin lo cual, la crisis fiscal del estado será crónica como también la baja calidad del empleo.
Dicho lo anterior, es un mito pensar que se podrá volver a niveles aceptables de gasto social (educación, sanidad y dependencia) sólo con gravar las grandes fortunas y beneficios desviados por las corporaciones a paraísos fiscales, algo que aunque necesario según estimaciones expertas, no permitirá recaudar más de 5.000-8.000 millones adicionales a unos presupuestos consolidados de las AAPP que rondan los 300.000 millones.
Lo anterior significa que la mayor parte de la recaudación futura tendrá que venir de la suma del crecimiento y del afloramiento de la economía sumergida. Para lograr lo último, será a su vez necesario bajar las cargas sociales y luchar contra el fraude en el empleo simultáneamente.
Dicha bajada paulatina y gradual de cotizaciones, no plantea necesariamente un riesgo para la caja de la seguridad social por varios motivos: se ha observado en Europa una elasticidad afloramiento de empleo respecto de la bajada de cuotas superior a 1 (un 1% de bajada de cargas se traduce en un afloramiento de empleo sumergido superior al 1%) a lo cual hay que sumar que la bajada de cargas a las empresas "limpias" que ya están cotizando (al equivaler a una devaluación competitiva) se traduce también en aumentos de las exportaciones y del empleo, superiores a 1 debido a la mejora de competitividad. Además, la mencionada bajada de cargas a corto plazo podrá compensarse (como hicieron varios países europeos incluyendo Dinamarca) vía una mayor recaudación por IVA, sin necesidad de aumentar el tipo medio aunque sí reequilibrando los tipos del IVA. Añádase el reconocimiento por los expertos, de que el pago de pensiones en España (y en toda Europa) exigirá aportaciones presupuestarias crecientes en cualquier caso (debido a la automatización de la producción y servicios y al envejecimiento demográfico).
Leo en cambio con preocupación en el programa de Podemos que pensáis subir las cargas sociales: ¿acaso no veis que eso solo contribuye a empujar a más y más pymes y sus empleos, a la marginalidad.
En el caso probable de que Podemos consiguiera gobernar (ej. en alianza con otras fuerzas progresistas) y que lo hiciera ignorando la importancia de las políticas industriales y empresariales, el riesgo será el de tener que dar marcha atrás después de aprobar costosas medidas que se traducirían en aumentos de los déficit público y exterior y de una huida de capitales (en este sentido vale la pena recordar las medidas del primer gobierno de Mitterrand en Francia y como éstas fueron revertidas poco tiempo después).
Respecto de aumentar el SMI, recomendaría hacerlo con moderación ya que primero debe priorizarse el aumento del empleo (vía exportación y emprendimiento) y el logro de aumentos de la productividad y después toca repartir los dividendos del crecimiento (y no al revés). ¡En economía el orden de los factores sí altera el producto! Si en cambio sucumbís a la tentación de subir mucho el SMI, lo único que conseguiréis es que se contrate menos por la vía formal y más por la vía ilegal. Las empresas no pueden pagar lo que no pueden pagar y menos en los sectores intensivos en mano de obra (ej. calzado, textil, alimentario, turismo, restauración).
No olvidemos que nada deteriora más el coeficiente de Gini (la desigualdad) que el aumento brusco del paro (y por lo tanto, nada mejora más el coeficiente de Gini que disminuir rápidamente el paro) más allá de que poco a poco debemos recuperar la inversión en sanidad, educación y dependencia (conforme aumente la recaudación, repito: gracias sobretodo al crecimiento porque la que nos de la lucha contra el fraude será inicialmente escasa por mucho que nos esmeremos y debamos hacerlo).
En suma si bien compartimos que España debe renegociar con la UE su estrategia de pago de la deuda – mayor flexibilidad - y una mayor laxitud en los criterios de convergencia fiscal - mayor plazo para equilibrar cuentas - opino que es simplista creer que bastará con esos dos ejes para sostener un política de crecimiento a largo plazo que sea sostenible en el tiempo.
El mayor déficit fiscal a corto plazo deberá ser el resultado de políticas de gasto e inversión muy estudiadas, que aumenten la productividad media del sistema (ej. fomento de exportación, crédito a pymes, I+D+i, infraestructuras productivas, ahorro energético en viviendas y transporte, recualificación de parados) y en políticas activas de empleo orientadas al reciclaje y la reinserción, y no sólo en aumentos de gasto social y de medidas como el aumento del SMI que permitan aumentar el gasto en consumo.
Si no conseguimos que nuestra economía sea más competitiva (vía incorporación de I+D+i a productos y procesos) a escala global, no será posible asegurar un crecimiento sostenido en el tiempo ni tampoco aumentar el nivel de vida (vía salario directo e indirecto) de nuestra población.
. Lo anterior no implica que no debamos luchar por un relajamiento (por parte de la UE) de las condiciones de convergencia fiscal (hay que hacerlo) pero sí implica que NO debemos basar la recuperación en el aumento del gasto público en servicios sociales y subidas del SMI sino que estos dos objetivos deseables deben ser la consecuencia y no la causa del crecimiento. O sea que el grueso del aumento del gasto público incremental autorizado por la UE debería ir a mejorar la capacidad productiva de empresas y trabajadores vía: fomento I+D+i, políticas activas de empleo, fomento exportación, crédito pymes a través de garantías públicas y atracción de inversión extranjera directa, siendo la recaudación fiscal generada por dicho crecimiento, la que permitiera financiar la mejora de los servicios sociales (¡ojo con el orden de los factores!)
Confío en que vuestra demostrada voluntad de recibir ideas y aportaciones de gente con experiencia se siga traduciendo en un refinamiento creciente de vuestras propuestas hasta hacerlas completamente creíbles y viables pero debo decir que hoy por hoy no creo que lo sean todavía.
¡Salud!
Santi Herrero
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